El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido un dictamen que cambia el panorama judicial del caso ERE, uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de España. El TC ha determinado que el procedimiento específico creado por el gobierno de Manuel Chaves para distribuir ayudas públicas sin controles previos estaba respaldado legalmente desde 2002 por las leyes de presupuestos de la Junta de Andalucía, contradiciendo así la posición previa del Tribunal Supremo.
Esta decisión del TC ha tenido un impacto significativo en las condenas de altos cargos, incluyendo a los ex presidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Sin embargo, la Audiencia de Sevilla ha emitido recientemente una sentencia que sugiere que la legalidad del procedimiento no exime de responsabilidad en casos individuales de ayudas concedidas de forma arbitraria.
El caso específico que ha llevado a esta interpretación involucra a la empresa Tartessos Car S.L., que recibió una ayuda de 300.000 euros en noviembre de 2008 sin seguir ningún trámite administrativo. La Audiencia de Sevilla ha calificado esta acción como "una alcaldada, indigna de una Administración de la importancia y entidad de la Junta de Andalucía".
Esta sentencia abre la posibilidad de nuevas condenas en el caso ERE, a pesar de la doctrina establecida por el TC. La Audiencia argumenta que el marco de legalidad creado por las leyes de presupuestos no puede amparar ayudas concedidas de forma arbitraria y sin expediente.
El caso ERE, que involucra a numerosos políticos y empresarios andaluces, se ha dividido en múltiples piezas separadas. La cuantía total del fraude se estimó inicialmente en 679 millones de euros, lo que ha tenido un impacto significativo en la política y la opinión pública andaluza y española.
"Estamos ante un incumplimiento universal y así querido de toda norma, no sólo las reguladoras de subvenciones y ayudas públicas, sino las más elementales que disciplinan el procedimiento administrativo. La grosería de incumplimiento es, así, inaudita".
Las decisiones del TC han provocado un "movimiento telúrico" en el conjunto de la macrocausa, según un abogado involucrado. Las defensas han presentado recursos ante el Supremo sobre las condenas ya fijadas en las piezas separadas juzgadas. El Tribunal Supremo ha fijado para el 9 de octubre de 2024 una vista para analizar los efectos de las sentencias del TC en la condena del ex consejero Antonio Fernández.
La industria automotriz, como la involucrada en el caso Tartessos Car, es importante en la economía andaluza. Este caso específico resalta la complejidad de la situación legal y las posibles implicaciones para otros casos pendientes en el escándalo de los ERE.
El PSOE, que gobernó Andalucía de forma ininterrumpida desde 1982 hasta 2019, se enfrenta a un continuo escrutinio legal y político por este caso. La revisión de sentencias por parte del TC es un proceso excepcional en el sistema judicial español, lo que subraya la importancia y el impacto de estas decisiones en el caso ERE.