Alcaldes del PP se unen contra el cupo catalán y planean acciones legales

Los alcaldes del Partido Popular están liderando una ofensiva contra el llamado "cupo catalán", una medida de financiación singular para Cataluña que consideran perjudicial para los municipios españoles. Esta movilización, que comenzó hace un mes, ha ganado impulso con el anuncio de acciones legales por parte de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

El origen de esta revuelta se remonta al 3 de septiembre de 2024, cuando el presidente de Aragón, Jorge Azcón, planteó la necesidad de unir fuerzas contra esta medida. Desde entonces, alcaldes de importantes ciudades como Madrid, Zaragoza, Sevilla y Málaga se han sumado a la iniciativa.

María José Catalá ha anunciado que el Ayuntamiento de Valencia llevará el cupo catalán ante el Tribunal Constitucional y el Consejo de Europa, calificándolo como "una puñalada al municipalismo". Esta acción cuenta con el respaldo de otros alcaldes del PP, quienes están estudiando medidas similares.

"Nosotros no queremos perjudicar en ningún caso a Cataluña ni queremos perjudicar a los catalanes, pero queremos defender a los madrileños o a los valencianos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha unido a esta "defensa del municipalismo", argumentando que el "cupo sanchista" dejará a los municipios infrafinanciados. Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha expresado su disposición a tomar las medidas necesarias para evitar que el cupo catalán merme los ingresos de los ayuntamientos.

Esta iniciativa se enmarca en un contexto más amplio de debate sobre la financiación autonómica y local en España. El sistema actual, establecido en 2009, ha sido objeto de críticas por parte de diversas comunidades autónomas y municipios que reclaman una distribución más equitativa de los recursos.

Los alcaldes del PP argumentan que la concesión de un régimen de financiación especial para Cataluña podría suponer una reducción de los fondos disponibles para el resto de las comunidades autónomas y municipios. Esta preocupación se basa en el hecho de que Cataluña es la segunda comunidad autónoma que más aporta a las arcas del Estado.

La acción coordinada de los ayuntamientos del PP incluye la posibilidad de iniciar un procedimiento de conflictos en defensa de la autonomía local, regulado por la Ley del Tribunal Constitucional. Para ello, necesitarían el apoyo de al menos un séptimo de los municipios existentes, que representen como mínimo un sexto de la población española.

Además, se ha solicitado al Consejo de Europa que investigue al Gobierno de España por presunta vulneración de la Carta Europea de la Autonomía Local, que exige que las corporaciones locales sean consultadas en todas las cuestiones que les afectan, especialmente en lo relativo a los recursos.

Paralelamente, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está trabajando en una declaración institucional para reclamar una mejor financiación local. Su presidenta, María José García-Pelayo, ha enviado múltiples cartas al Gobierno solicitando mejoras en la política municipal y la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local.

Esta movilización de los alcaldes del PP refleja la complejidad del sistema de financiación territorial en España y la necesidad de un debate profundo sobre cómo garantizar una distribución equitativa de los recursos que respete la autonomía local y regional consagrada en la Constitución Española de 1978.