Tribunal Supremo de España

El Tribunal Supremo es el más alto tribunal del Reino de España. El tribunal tiene jurisdicción original sobre casos contra altos funcionarios del Reino y sobre casos relativos a la legalización de partidos políticos. También tiene jurisdicción de apelación en última instancia sobre todos los casos. El Tribunal tiene potestad de revisión judicial, salvo la revisión judicial en materia constitucional, reservada al Tribunal Constitucional.

Algunos de los eventos clave sobre Tribunal Supremo de España

1812
Establecido como el más alto tribunal de España por la Constitución de Cádiz
1870
Reorganizado y dotado de su estructura moderna mediante la Ley Orgánica del Poder Judicial
1931
La Segunda República Española le otorga el poder de revisar la constitucionalidad de las leyes.
1936
Apoyó al bando nacionalista durante la Guerra Civil española, comprometiendo la independencia judicial
1939
Participó en la represión posterior a la Guerra Civil validando juicios por motivos políticos
1963
Mantuvo las condenas a muerte de disidentes políticos durante la dictadura franquista
1975
No abordó adecuadamente las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo
1978
Reafirmado como máximo órgano judicial de España en la Constitución democrática postfranquista
1981
Retraso en la decisión sobre la legalidad del intento de golpe de Estado, causando incertidumbre política.
1985
Ampliación de la jurisdicción a los recursos de inconstitucionalidad mediante la Ley Orgánica del Poder Judicial.
1995
introducción de un nuevo Código Penal que moderniza la legislación penal española.
1997
Polémica sentencia en el caso GAL, percibida como protección del terrorismo de Estado.
2005
Sentencia a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, confirmando su constitucionalidad.
2008
Suspendido un juez por investigar crímenes del franquismo, obstaculizando la labor de memoria histórica
2010
Sentencia histórica sobre el derecho de los separatistas vascos a formar partidos políticos.
2015
Confirmó la «doctrina Parot», que afecta a la imposición de penas por delitos graves.
2017
Rechazó los recursos contra la aplicación del artículo 155 en Cataluña, lo que aumentó las tensiones políticas
2019
Dictó una importante sentencia sobre la ley hipotecaria, protegiendo a los consumidores de prácticas bancarias desleales
2019
Condenados los líderes independentistas catalanes a largas penas de prisión, lo que desencadena protestas generalizadas
2021
Se pronuncia en contra de los indultos a los líderes independentistas catalanes, contradiciendo los esfuerzos de reconciliación del Gobierno

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