El reciente acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y EH Bildu para modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "Ley Mordaza", ha generado controversia en el panorama político español. Esta ley, aprobada en 2015, ha sido objeto de debate desde su implementación.
Podemos, partido fundado en 2014 y parte de la coalición de gobierno, ha expresado su desacuerdo con el pacto, calificándolo de insuficiente. Pablo Fernández, portavoz nacional de Podemos, ha señalado que el acuerdo no aborda adecuadamente cuestiones cruciales como la prohibición expresa de las balas de goma y las "devoluciones en caliente" de inmigrantes irregulares.
"Esto no se puede llamar 'derogación de la ley Mordaza' porque se queda muy corto este acuerdo"
La formación morada también ha manifestado su preocupación por el trato a las personas migrantes en un contexto de creciente racismo. Además, critican que el acuerdo no aborde la reforma de las "estructuras reaccionarias del Estado profundo" que, según ellos, criminalizan el activismo social.
Por su parte, el Partido Popular (PP), principal partido de la oposición, ha rechazado categóricamente el acuerdo. Borja Sémper, portavoz del PP, ha criticado la colaboración del PSOE con EH Bildu en materia de seguridad, argumentando que este partido "desprecia a la Policía y a la Guardia Civil".
El pacto PSOE-EH Bildu también ha puesto de manifiesto las tensiones dentro de la coalición de gobierno. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, ha calificado el acuerdo como "muy del PSOE, mucho titular y poca transformación". Esta situación refleja la inestabilidad de los apoyos parlamentarios que ha caracterizado la actual legislatura.
Es importante destacar que EH Bildu, partido vasco de izquierda independentista, ha ganado protagonismo en la política nacional española. Su líder, Arnaldo Otegi, ha sido el encargado de anunciar el acuerdo, lo que ha sido interpretado por la oposición como un signo de la creciente influencia de esta formación en el gobierno.
El debate sobre la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana se produce en un contexto político complejo, con discusiones sobre amnistía, indultos y la composición del Poder Judicial. La situación actual refleja los desafíos que enfrenta el gobierno de coalición para mantener sus apoyos parlamentarios y avanzar en su agenda legislativa.