Polémica por reforma de Ley de Seguridad: Policía exige dimisión de Marlaska

La propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida coloquialmente como "Ley Mordaza", ha desencadenado una fuerte controversia en España. El acuerdo alcanzado por el Gobierno con sus aliados políticos para modificar esta normativa, vigente desde 2015, ha provocado una reacción contundente por parte de los sindicatos policiales.

La Confederación Española de Policía (CEP) y Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), dos de los sindicatos más representativos de las fuerzas de seguridad, han expresado su profundo malestar ante las propuestas de cambio. Estas organizaciones, fundadas en 1984 y 2018 respectivamente, consideran que las modificaciones planteadas suponen un grave perjuicio para la operatividad policial.

Entre los puntos más controvertidos de la reforma se encuentra la eliminación progresiva de las pelotas de goma como método antidisturbios, una medida que ha generado intenso debate desde su introducción en la década de 1970. Los sindicatos argumentan que esta decisión, junto con la reducción de sanciones por desobediencia y resistencia a la autoridad, debilitará significativamente la capacidad de los agentes para mantener el orden público.

Agustín Leal, portavoz de JUCIL, ha manifestado:

"La nueva ley que se apruebe debería llamarse 'Ley de Odio a la Policía y Guardia Civil'. Lo que el Gobierno está haciendo es desproteger a quienes día a día arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos."

[[Declaración de Agustín Leal, portavoz de JUCIL]]

Los sindicatos han llegado al punto de exigir la dimisión inmediata del Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, argumentando que ha perdido toda legitimidad frente al colectivo policial. Esta situación pone de manifiesto la tensión existente entre el Gobierno y las fuerzas de seguridad, en un contexto donde la colaboración entre cuerpos policiales es crucial, como establece la Ley Orgánica 2/1986.

Es importante destacar que el modelo de orden público en España ha experimentado una evolución significativa desde la transición democrática en 1975. La introducción del concepto de "policía de proximidad" en la década de 1990 y la implementación de nuevas tecnologías, como las cámaras corporales desde 2019, han marcado hitos en esta transformación.

Los críticos de la reforma argumentan que estos cambios podrían comprometer la seguridad pública en un momento en que el presupuesto del Ministerio del Interior para 2024 superó los 10,000 millones de euros. Por otro lado, los defensores de la modificación sostienen que es necesario actualizar la legislación para garantizar un equilibrio entre seguridad y derechos civiles.

Esta controversia se desarrolla en un contexto donde las fuerzas de seguridad españolas, que cuentan con más de 140,000 efectivos combinados entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, enfrentan desafíos cada vez más complejos. La formación policial, que desde 2014 incluye estudios universitarios, deberá adaptarse a estas nuevas realidades legislativas.

La polémica en torno a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana refleja un debate más amplio sobre el equilibrio entre orden público y libertades civiles en la sociedad española contemporánea. El desenlace de esta situación tendrá, sin duda, un impacto significativo en el futuro del modelo de seguridad del país.