UE amonesta a España por abuso de contratos temporales en sector público

La Comisión Europea ha emitido un nuevo apercibimiento a España por el uso excesivo de contratos interinos en el sector público, otorgando al gobierno un plazo de dos meses para rectificar las deficiencias señaladas. Esta acción se enmarca en un prolongado diálogo entre Bruselas y Madrid sobre la temporalidad laboral, un problema que ha persistido durante años en el país ibérico.

El órgano ejecutivo de la Unión Europea critica específicamente que los empleados temporales del sector público reciban la misma indemnización independientemente de la duración de su servicio, ya sea de 20 o 30 años. Además, señala que estos trabajadores no tienen derecho a indemnización si deben renunciar por motivos personales, incluso si un tribunal declara abusiva la sucesión de contratos temporales.

Esta situación contraviene el principio de no discriminación, fundamental en la legislación laboral de la UE, y viola la Directiva 1999/70/CE que regula el trabajo de duración determinada. La precariedad laboral resultante tiene impactos negativos en la economía y el bienestar social españoles.

El Ministerio de Función Pública, encabezado por Óscar López, ha declarado que presentará "alegaciones convincentes" en las próximas semanas para evitar que el caso llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Este ministerio es responsable de la gestión del empleo público en España y enfrenta el desafío de reducir la alta tasa de temporalidad, que superaba el 30% antes de las últimas reformas.

Es importante recordar que en 2021, el gobierno español prometió una conversión masiva de 300.000 trabajadores temporales en fijos, como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este plan incluía el compromiso de reducir la temporalidad por debajo del 8%, especialmente en los sectores de educación y sanidad, donde la problemática es más aguda.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), uno de los sindicatos más representativos del sector público español, informa que actualmente hay "decenas de miles de procesos en desarrollo" para la estabilización de empleados temporales. Sin embargo, los sindicatos no esperan que se alcance la meta del 8% y advierten que seguirán supervisando el proceso.

El diálogo social, un principio importante en las relaciones laborales de la UE, será crucial para resolver esta situación. Si España no logra ofrecer una respuesta satisfactoria, la Comisión podría emitir un dictamen motivado y, en última instancia, llevar el caso ante el TJUE, lo que podría resultar en sanciones económicas para el país.

Esta situación subraya la complejidad del proceso de estabilización de empleados públicos temporales, que implica concursos de méritos y reformas estructurales. La resolución de este problema es fundamental para mejorar las condiciones laborales y la eficiencia del sector público español, así como para cumplir con las normativas europeas y evitar posibles sanciones.

"Si se ofrecen alegaciones convincentes, cierran el expediente que lleva 10 años abierto"

El gobierno español tiene ahora la tarea de demostrar que está tomando medidas efectivas para abordar este problema de larga data. El resultado de este proceso tendrá implicaciones significativas no solo para los trabajadores afectados, sino también para la relación de España con la Unión Europea y su compromiso con las normas laborales comunitarias.