El Gobierno vasco ha decidido extender las condiciones laborales "transitorias y excepcionales" de casi 800 funcionarios de las tres prisiones vascas hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta medida, anunciada por la consejera María Jesús San José en el Parlamento Vasco, busca regular de manera provisional la situación laboral de los empleados penitenciarios mientras se aprueba una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) definitiva.
La resolución 93/2024, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), confirma este aplazamiento en la aprobación de la RPT, que ha sido prometida por varias consejeras sucesivas. Esta situación refleja los desafíos que ha enfrentado el Gobierno vasco desde la transferencia de competencias penitenciarias en octubre de 2021.
El sistema penitenciario vasco, con una historia que se remonta a la autonomía del País Vasco en 1979, ha sido reconocido internacionalmente por sus prácticas innovadoras. Se caracteriza por un enfoque en la reinserción y reeducación de los reclusos, implementando programas pioneros de tratamiento, formación y justicia restaurativa.
"El traspaso de prisiones no fue una prioridad en las negociaciones con el Gobierno de Sánchez, sino una concesión a cambio del apoyo de EH Bildu en el Congreso."
Esta declaración revela el contexto político detrás de la transferencia, que ha complicado la gestión de las prisiones vascas. El Departamento de Justicia tuvo que improvisar un "modelo penitenciario vasco", incluyendo el nombramiento del juez Jaime Tapia y la redistribución de funciones dentro del sistema.
Los sindicatos, exceptuando ACAIP-UGT, han estado demandando durante tres años más personal y condiciones laborales equitativas para todos los funcionarios. Estas demandas reflejan la necesidad de adaptar el sistema a la nueva realidad de las prisiones vascas, que deben garantizar la resocialización de aproximadamente 1.600 reclusos.
Es importante destacar que el País Vasco tiene una de las tasas de población reclusa más bajas de España y ha sido pionero en la implementación de medidas alternativas a la prisión. Además, el sistema penitenciario vasco ha desarrollado programas específicos para la reinserción laboral de ex reclusos y ha promovido la participación de la sociedad civil en programas de apoyo.
La consejera San José ha insinuado que se están llevando a cabo negociaciones con ACAIP-UGT para la nueva RPT, buscando reeditar los acuerdos iniciales impulsados por el PNV. Sin embargo, según fuentes sindicales, aún no se ha reactivado la negociación con otros sindicatos para pactar la RPT pendiente.
La gestión de las prisiones vascas ha enfrentado desafíos únicos, incluyendo la adaptación a la política lingüística vasca y el desarrollo de programas especiales para reclusos con problemas de salud mental. A pesar de estos retos, el Gobierno vasco ha invertido significativamente en la modernización de las instalaciones penitenciarias y en la implementación de tecnologías para mejorar la seguridad y la gestión.
En conclusión, mientras el Gobierno vasco trabaja en la normalización de las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones, el sistema penitenciario vasco continúa evolucionando y adaptándose a las necesidades locales, manteniendo su enfoque en la reinserción y la innovación en prácticas penitenciarias.