El Gobierno español se ha visto obligado a retrasar la votación de la senda de estabilidad presupuestaria, conocida comúnmente como techo de gasto, debido a la falta de apoyo parlamentario. Esta decisión se produce principalmente por la firme postura de Junts per Catalunya, que se niega a respaldar cualquier propuesta del Ejecutivo sin negociaciones previas.
El techo de gasto, un elemento crucial en la política fiscal española, establece el límite máximo de gasto no financiero que puede realizar el Estado. Su aprobación es un paso previo necesario para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado, considerados la ley más importante que se aprueba anualmente en España.
Junts per Catalunya, partido fundado en 2020 y liderado por Carles Puigdemont, exige que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acepte sus condiciones antes de brindar su apoyo. Entre sus demandas, destaca una modificación en la distribución del déficit entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
Según Míriam Nogueras, portavoz parlamentaria de Junts:
"Si Sánchez quiere algo distinto, tendrá que hacer cosas distintas."
Esta postura se basa en un acuerdo del Parlament de Catalunya de 2014, que criticaba la distribución del objetivo de déficit propuesta por el Gobierno central. Junts argumenta que la actual propuesta del Ejecutivo repite el mismo patrón, reservando una parte desproporcionada del margen de déficit para el Estado.
Concretamente, Junts exige que se otorgue a las Comunidades Autónomas al menos un tercio del objetivo total de déficit para 2025, lo que equivaldría a unos 13.000 millones de euros en capacidad de endeudamiento. Esta demanda refleja las tensiones históricas entre Cataluña y el gobierno central en materia de autonomía fiscal.
La retirada de la propuesta por parte del Gobierno evita un posible revés parlamentario, similar al ocurrido en julio cuando la propuesta fue rechazada con los votos de Junts, el Partido Popular y Vox. Este escenario subraya la complejidad de las negociaciones presupuestarias en el actual panorama político español.
La situación actual pone de manifiesto la importancia de la política fiscal como herramienta de gestión económica y la necesidad de consenso en un sistema parlamentario. El debate sobre la distribución del déficit entre administraciones sigue siendo un tema recurrente y crucial en la política española.
El retraso en la aprobación del techo de gasto podría tener implicaciones significativas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2025, un proceso fundamental para la estabilidad del Gobierno y la implementación de sus políticas económicas y sociales.