El 4 de octubre de 2024, Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Moncloa para discutir la controvertida "financiación singular" de Cataluña. Esta reunión se produce en un momento de intenso debate sobre el sistema de financiación autonómica en España, que ha sido objeto de controversia durante años.
García-Page, quien lidera Castilla-La Mancha desde 2015, llevará consigo un documento detallado con 194 epígrafes divididos en dos bloques principales. El primer bloque expresa un firme rechazo a la financiación especial para Cataluña, mientras que el segundo presenta reivindicaciones regionales centradas en cuatro ejes: política de agua, inversión en infraestructuras, empleo y acceso a la vivienda.
La propuesta alternativa de García-Page para reformar el modelo de financiación se basa en dos documentos clave:
- El Pacto de Santiago, firmado en noviembre de 2021 por ocho comunidades autónomas.
- Una propuesta de financiación basada en el concepto de "población ajustada", enviada al Ministerio de Hacienda en enero de 2022.
El presidente castellanomanchego argumenta que el modelo de "población ajustada" tiene en cuenta factores como el envejecimiento, la dispersión poblacional y la baja natalidad. Este enfoque busca abordar los desafíos específicos de regiones como Castilla-La Mancha, que es una de las comunidades autónomas más extensas de España pero con baja densidad de población.
Para ilustrar su punto, García-Page compara Fuenlabrada, uno de los municipios más poblados de la Comunidad de Madrid, con la provincia de Cuenca:
"Me parece bastante lamentable el espectáculo de permanentes cesiones y chantajes. No se puede perjudicar a 40 millones de españoles por hacerle caso a alguien como Puigdemont".
El presidente de Castilla-La Mancha sostiene que otorgar privilegios a Cataluña va en contra de los principios socialdemócratas y constituye "un grave atentado a la igualdad" entre los ciudadanos de diferentes territorios. Esta postura refleja la tensión existente entre el gobierno central y las comunidades autónomas en relación con la financiación, un tema que ha sido una fuente constante de debate desde la aprobación de la Constitución Española de 1978.
La reunión entre Sánchez y García-Page se produce en un contexto político complejo, con negociaciones en curso entre el PSC (la federación catalana del PSOE) y ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), un partido independentista catalán. El resultado de estas discusiones podría tener implicaciones significativas para el futuro del sistema de financiación autonómica en España y para la estabilidad del gobierno de coalición liderado por el PSOE.