El escándalo de corrupción en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) continúa develándose en la Audiencia de Sevilla. El caso más reciente involucra a Antonio Torres, ex alcalde de Lebrija, acusado de recibir casi medio millón de euros sin desempeñar labores en la fundación durante ocho años.
Un ex directivo de la Faffe, Juan Carlos Díaz, testificó que Torres nunca asistió a los comités de dirección semanales ni contaba con un despacho en la sede de la fundación. Este testimonio respalda la acusación de la Fiscalía Anticorrupción, que alega que Torres ocupaba un puesto ficticio creado específicamente para él.
La Faffe, establecida en 2003 durante el gobierno del PSOE en Andalucía, tenía como objetivo teórico combatir el desempleo mediante cursos de formación. Sin embargo, se ha convertido en el centro de una investigación más amplia sobre corrupción en la región.
El caso de Torres se suma a una serie de controversias que rodean a la Faffe. En septiembre de 2023, Fernando Villén, ex director de la fundación y antiguo miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE-A, fue condenado a seis años de prisión por malversar fondos públicos.
La Fiscalía acusa tanto a Torres como a Villén de prevaricación y malversación de caudales públicos. Para Villén, se solicita una condena de cuatro años de prisión, mientras que para Torres se piden dos años y medio.
Es importante destacar que la Faffe experimentó un crecimiento exponencial durante sus ocho años de funcionamiento, pasando de 120 a 1.700 empleados. Este aumento ha levantado sospechas sobre su uso como agencia de colocación para allegados al PSOE.
"Este departamento es inexistente, no tiene sede, carece de despacho o sede física ni personal adscrito. De hecho, el acusado no acudía a la sede de la fundación ni desempeñaba trabajo alguno"
El juicio en curso arroja luz sobre las prácticas cuestionables en la administración pública andaluza y forma parte de una investigación más amplia sobre corrupción en la región. La extinción de la Faffe en 2011 y la integración de sus trabajadores en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) no han puesto fin a las controversias que la rodean.
Este caso subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones públicas, especialmente en aquellas destinadas a combatir el desempleo y promover la formación laboral.