Aplazamiento en caso Gómez genera tensión entre Gobierno y Justicia
La Audiencia de Madrid pospone deliberación sobre Begoña Gómez por falta de documentación. El Gobierno critica la actuación judicial, calificándola de "campaña política" contra el presidente Sánchez.
La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de aplazar la deliberación sobre el caso que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha generado nuevas tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. El aplazamiento se debe a la falta de un recurso presentado por la investigada solicitando el archivo del procedimiento.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, expresó su descontento: "Ya nada sorprende". Esta reacción refleja la creciente frustración del Ejecutivo con el desarrollo del caso. En La Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno, se percibe la investigación como "una campaña política de acoso y derribo al presidente y a su entorno más cercano".
El Gobierno cuestiona la continuidad de la investigación, argumentando que después de seis meses de instrucción, no hay avances significativos. Ministros y funcionarios gubernamentales han dejado de referirse al proceso como una causa judicial, llamándolo abiertamente una "causa política".
"Cuando echamos la vista atrás vemos que llevamos seis meses de instrucción pedaleando en la nada"
El Ejecutivo se apoya en dos informes de la Guardia Civil y la petición de la Fiscalía de archivar el caso para criticar la actuación del juez Juan Carlos Peinado. Sugieren que la investigación debería haberse archivado hace tiempo y que su continuación obedece a intereses políticos.
Fernando Grande-Marlaska, Ministro del Interior y ex juez, comentó sobre las críticas del Gobierno a un miembro del poder judicial: "Cualquier resolución puede ser objeto de crítica o disconformidad, siempre dentro de los parámetros del respeto institucional". Esta declaración parece avalar las críticas de miembros del Gobierno a la actuación del juez Peinado.
Es importante destacar que la separación de poderes es un principio fundamental en un estado democrático de derecho. La Audiencia Provincial, como órgano judicial colegiado, tiene la responsabilidad de conocer causas civiles y penales. El caso en cuestión involucra a Begoña Gómez, esposa del actual presidente del Gobierno, lo que añade una capa adicional de sensibilidad política al asunto.
La investigación, que comenzó alrededor de abril de 2024, ha sido objeto de controversia desde su inicio. Organizaciones como Manos Limpias, un sindicato conocido por presentar denuncias judiciales, y Hazte Oír, una asociación civil de carácter ultraconservador, han sido mencionadas como impulsoras de la causa. Partidos políticos como el PP y Vox también han sido señalados por el Gobierno como parte de esta supuesta campaña contra el presidente.
El caso también ha puesto de relieve la delicada relación entre los poderes del Estado. Mientras que la crítica a las actuaciones judiciales es un derecho, debe realizarse dentro de ciertos límites para mantener el respeto institucional. La situación actual plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la independencia judicial y la responsabilidad política en España.
