Aplazamiento en caso Gómez genera tensión entre Gobierno y Justicia

La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de aplazar la deliberación sobre el caso de Begoña Gómez ha provocado una nueva ola de tensión entre el Gobierno español y el poder judicial. El motivo del aplazamiento, la falta de un recurso presentado por la esposa del presidente Pedro Sánchez, ha sido recibido con escepticismo por parte del Ejecutivo.

Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, expresó: "Ya nada sorprende", reflejando la frustración del gabinete ante lo que consideran una "campaña política de acoso y derribo al presidente y a su entorno más cercano". Esta percepción se ha intensificado en los últimos seis meses, período durante el cual la investigación ha estado en curso.

El Gobierno cuestiona abiertamente la actuación del juez Juan Carlos Peinado, sugiriendo que podría estar incurriendo en prevaricación. Fuentes de La Moncloa afirman: "Cuando echamos la vista atrás vemos que llevamos seis meses de instrucción pedaleando en la nada". Insisten en que "no hay caso" y que la investigación debería haberse archivado hace tiempo.

El Ejecutivo argumenta que la persistencia de la investigación responde a intereses políticos, señalando a organizaciones como Manos Limpias y Hazte Oír, así como a partidos como el PP y Vox. Pilar Alegría reafirmó esta posición: "Es una campaña de acoso y derribo a la que por supuesto se suman el PP y Vox".

Para respaldar su postura, el Gobierno cita dos informes de la Guardia Civil y la petición de la Fiscalía de archivar el caso. Estos elementos se presentan como pruebas de que la investigación carece de fundamento sólido.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ex juez, fue cuestionado sobre las críticas del Ejecutivo al poder judicial. Su respuesta fue diplomática pero reveladora: "Todo poder del Estado, cualquier integrante de un poder del Estado en el ejercicio de sus funciones, en este caso un juez, cualquier resolución puede ser objeto de crítica o disconformidad, siempre dentro de los parámetros del respeto institucional".

Esta declaración parece avalar las críticas del Gobierno a la actuación del juez Peinado, aunque dentro de los límites del respeto institucional. La situación pone de manifiesto la delicada relación entre los poderes ejecutivo y judicial en España, especialmente en casos de alto perfil político.

"Es un capítulo más [...] Es una campaña de acoso y derribo a la que por supuesto se suman el PP y Vox"

El caso Begoña Gómez continúa siendo un foco de tensión política y judicial en España. Mientras el Gobierno insiste en la falta de fundamento de la investigación, la Audiencia Provincial de Madrid se prepara para una nueva deliberación, una vez se complete la documentación necesaria. El desenlace de este caso podría tener importantes implicaciones para la política española y la percepción pública de la independencia judicial.