La Guardia Civil ha descubierto una serie de correos electrónicos que revelan prácticas de nepotismo en la Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de Andalucía. Estos documentos demuestran cómo la fundación se utilizó como una agencia de colocación para cargos del Partido Socialista Obrero Español y sus allegados, permitiéndoles acceder a empleos públicos sin pasar por los procesos de selección adecuados.
Según el atestado elaborado por la Guardia Civil, las contrataciones se dirigían a personas con vínculos de amistad, parentesco o afinidad política con responsables de la Administración andaluza. Estas prácticas se intensificaron en 2011, justo antes de la disolución de la Faffe y la integración de sus empleados en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
El contexto político de 2011 es crucial para entender estas acciones. Con José Antonio Griñán como presidente de la Junta de Andalucía, las encuestas pronosticaban un posible triunfo del Partido Popular en las elecciones de marzo de 2012. Este temor al cambio de gobierno parece haber motivado un aumento en las contrataciones irregulares.
El gobierno de Griñán inició un proceso de reconversión de la llamada "administración paralela", que incluía numerosos entes instrumentales. Mediante el denominado "decreto del enchufismo", cerca de 20.000 trabajadores se integraron como personal laboral en las agencias de la Junta, sin haber superado procesos de selección que respetaran los principios de igualdad, mérito y capacidad.
La investigación ha revelado dos vías principales para la colocación de allegados al PSOE: contrataciones directas en la Faffe y a través de empresas proveedoras financiadas con subvenciones públicas. Se han descubierto conversaciones que implican a altos cargos de la fundación en estas prácticas irregulares.
"...tienen que entrar y no tienen perfil..."
"destruye el correo después de que lo hayas utilizado"
Estos casos no son aislados. Ya existen condenas por prácticas similares, como el caso de Umax, donde el Tribunal Supremo dictó sentencias de prisión para ex altos cargos de la Junta y el administrador de la empresa.
Este escándalo pone de manifiesto la necesidad de una mayor transparencia y control en la administración pública, especialmente en lo que respecta a la contratación de personal y la gestión de fondos públicos.