La Abogacía del Estado ha presentado un informe al Tribunal Constitucional solicitando la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Supremo contra la Ley de Amnistía. Este documento de 38 páginas, obtenido por EL MUNDO, revela una fuerte crítica a la actuación del Supremo, acusándolo de emplear "criterios estrictamente políticos e ideológicos" en lugar de argumentos técnico-jurídicos.
La controversia surge después de que, en julio de 2024, la Sala Segunda del Tribunal Supremo presentara una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la Ley de Amnistía. El alto tribunal argumentó que dicha ley podría vulnerar principios constitucionales fundamentales, como la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica y la proscripción de la arbitrariedad.
La Abogacía del Estado, representando al Gobierno, defiende firmemente la constitucionalidad de la Ley de Amnistía, que extingue la responsabilidad penal de los delitos relacionados con el procés catalán. Esta ley es considerada singular, justificada por el objetivo de resolver el conflicto social generado por el proceso independentista que comenzó en 2012.
"La Ley de amnistía es una ley singular, no justificable por cualquier razón, sino cuyo objetivo principal se encuentra especificado en el preámbulo en relación con el proceso independentista que generó un gran conflicto social."
El informe critica al Tribunal Supremo por basar sus argumentos en "elucubraciones sobre posibles mayorías parlamentarias" en lugar de centrarse en la aplicación específica de la ley. La Abogacía sostiene que no se puede alegar inseguridad jurídica basándose en hipotéticos cambios en el arco parlamentario.
Además, la Abogacía del Estado afirma que la Ley de Amnistía no afecta la separación de poderes, principio fundamental en las democracias modernas. Argumenta que el poder judicial mantiene su capacidad de decidir si las personas cumplen con los requisitos para la aplicación de la ley.
Es importante destacar que esta no es la primera vez que España enfrenta un debate sobre amnistía. La última amnistía general se concedió en 1977, tras la dictadura franquista, marcando un precedente histórico significativo.
La Abogacía enfatiza el papel crucial de las Cortes Generales, el órgano supremo de representación del pueblo español, en la toma de decisiones sobre la amnistía. Sostiene que corresponde exclusivamente a este órgano legislativo realizar el juicio de idoneidad sobre las actuaciones que deben ser objeto de amnistía.
Este debate jurídico se desarrolla en el contexto del procés catalán, que alcanzó su punto álgido con la Declaración Unilateral de Independencia en octubre de 2017, seguida por la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña.
La resolución de esta cuestión de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional será crucial para determinar el futuro de la Ley de Amnistía y su impacto en el panorama político y jurídico español.