UE abre nuevo expediente a España por abuso de interinos en sector público
La Unión Europea denuncia el uso abusivo de contratos temporales en la administración española. El gobierno tiene dos meses para responder y corregir las deficiencias señaladas por Bruselas.
La Unión Europea ha iniciado un nuevo procedimiento de infracción contra España por el uso abusivo de contratos temporales en el sector público. Esta decisión, tomada el 3 de octubre de 2024, se suma a una acción similar emprendida en julio del mismo año, evidenciando la persistencia del problema.
La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE fundada en 1993, ha señalado que la legislación española carece de medidas adecuadas para ciertos tipos de contratos temporales en la administración pública. Este abuso de la temporalidad contradice los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales, proclamado en 2017, que busca garantizar condiciones laborales justas.
"Por ejemplo, con independencia de que un trabajador con un contrato temporal haya sido contratado durante veinte o treinta años, la indemnización es la misma"
La UE critica que la indemnización para los trabajadores temporales no varía según la duración del empleo, y que aquellos que renuncian después de años de contratos sucesivos no reciben compensación, incluso si un tribunal declara abusiva la situación. Esta práctica va en contra de la Directiva sobre trabajo de duración determinada, adoptada en 1999.
El gobierno español, ahora liderado por el Ministerio de Función Pública bajo Óscar López, tiene un plazo de dos meses para responder y corregir las deficiencias señaladas. De no hacerlo satisfactoriamente, la Comisión podría emitir un dictamen motivado y, en última instancia, llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, establecido en 1952.
Este conflicto tiene raíces profundas, remontándose al menos a 2015, cuando la Comisión inició el primer procedimiento de infracción. Desde entonces, el Tribunal de Justicia de la UE ha instado repetidamente a España a convertir a los interinos en trabajadores fijos, denunciando la precariedad laboral en el sector público.
En 2021, el entonces ministro Miquel Iceta prometió la conversión de 300.000 trabajadores temporales en personal fijo. Además, el Plan de Recuperación de España, vinculado a los fondos Next Generation EU, se comprometió a reducir la tasa de temporalidad por debajo del 8% en todas las administraciones públicas.
Sin embargo, la situación persiste, reflejando una problemática arraigada en el sistema laboral español. La tasa de temporalidad en España sigue siendo una de las más altas de la UE, afectando especialmente a sectores como educación y sanidad, que son competencia de las comunidades autónomas.
Esta situación desafía los principios del diálogo social y la no discriminación laboral, fundamentales en la política de la UE. La resolución de este conflicto requerirá una reforma profunda del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en 2007, y un compromiso firme con los objetivos de empleo estable establecidos en la Estrategia Europa 2020.
La persistencia de este problema, a pesar de las advertencias y los compromisos adquiridos, subraya la complejidad de armonizar las prácticas laborales nacionales con las normativas de la UE, un desafío que España enfrenta desde su adhesión a la entonces Comunidad Económica Europea en 1986.
