El gobierno español, liderado por el Pedro Sánchez, ha alcanzado un acuerdo para derogar la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'Ley Mordaza'. Esta decisión marca un hito significativo en la política española, ya que la ley ha sido objeto de críticas desde su aprobación en 2015 por supuestamente limitar las libertades civiles.
La proposición de ley, registrada en el Congreso, cuenta con el respaldo de 165 diputados, incluyendo al PSOE, Sumar, EH Bildu, PNV, ERC y BNG. Este apoyo parlamentario se queda a solo 11 escaños de la mayoría absoluta, lo que subraya la importancia de las negociaciones futuras con Junts y Podemos para asegurar su aprobación final.
Entre los cambios más significativos propuestos se encuentran:
- La eliminación progresiva de las pelotas de goma como material antidisturbios, un tema que ha generado controversia debido a las lesiones graves que pueden causar.
- La modificación de las sanciones por faltas de respeto a la autoridad, que ahora solo se aplicarán en casos de insultos o injurias relevantes.
- La reclasificación de la desobediencia a la autoridad de infracción grave a leve.
- La revisión del proceso de devolución de migrantes en la frontera, con el compromiso de abordar una reforma de la Ley de Extranjería en los próximos seis meses.
Es importante destacar que España, como signataria de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, tiene la obligación de garantizar el derecho de asilo, reconocido también en la Constitución Española. La propuesta de reforma busca alinear la legislación con los estándares internacionales de derechos humanos.
El papel de EH Bildu en este acuerdo ha sido fundamental, posicionándose como un actor clave en la negociación. Por su parte, el PNV, que lideró intentos anteriores de reforma, se ha sumado como coproponente, asegurando así su apoyo final al texto.
"Desde Junts negociamos, no hacemos adhesiones"
La posición de Junts y Podemos será crucial para el futuro de la propuesta. Ambos partidos han anunciado enmiendas y evitan comprometer su voto, lo que podría llevar a nuevas negociaciones y posibles modificaciones del texto.
Esta iniciativa legislativa representa un cambio significativo en la política de seguridad ciudadana de España, buscando equilibrar la seguridad pública con las libertades civiles. La reforma de la Ley de Extranjería, que se abordará en los próximos meses, también promete ser un tema de intenso debate político y social.
El proceso de aprobación de esta nueva ley, que se denominará Ley Orgánica de Protección de las Libertades y Seguridad Ciudadana, será seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional, dado el historial de España en temas como las devoluciones en caliente, que han sido objeto de condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.