PSOE y aliados proponen derogar la "Ley Mordaza" con cambios significativos
El gobierno español y sus aliados presentan una propuesta para reemplazar la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana. Los cambios incluyen la eliminación de pelotas de goma y modificaciones en sanciones y trato a migrantes.
El gobierno español, liderado por el Pedro Sánchez, ha dado un paso significativo hacia la derogación de la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como "Ley Mordaza". Esta ley, aprobada en 2015, ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición.
La propuesta de ley, presentada por el PSOE y Sumar, cuenta con el apoyo de EH Bildu, PNV, ERC y BNG, sumando 165 diputados, a solo 11 de la mayoría absoluta necesaria para su aprobación. Este movimiento representa un cambio significativo en la política de seguridad española, que ha sido objeto de debate desde su implementación hace casi una década.
Entre los cambios más notables se encuentra la eliminación progresiva de las pelotas de goma como material antidisturbios, una medida que ha sido largamente solicitada por activistas de derechos humanos debido a las lesiones graves que han causado en manifestaciones. La propuesta también modifica las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y reclasifica ciertos actos de desobediencia como infracciones leves en lugar de graves.
"Desde Junts negociamos, no hacemos adhesiones"
La posición de Junts y Podemos, que suman 11 escaños cruciales, aún está por definirse. Ambos partidos han anunciado que presentarán enmiendas y evitan comprometerse a apoyar el texto en su forma actual.
Un aspecto controvertido de la propuesta es el cambio en el manejo de las devoluciones de migrantes en la frontera. Se establece un plazo de seis meses para abordar la modificación de la Ley de Extranjería, con el objetivo de crear puestos en los pasos fronterizos donde se evaluarán los casos de los migrantes antes de una posible expulsión. Esta medida busca alinear las prácticas españolas con los estándares internacionales de derechos humanos y protección de refugiados.
Es importante destacar que España, como signataria de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, tiene la obligación de garantizar el derecho de asilo, reconocido también en la Constitución Española. Sin embargo, el sistema de asilo español ha sido criticado por su lentitud y falta de recursos.
La propuesta también aborda la libertad de expresión, un derecho fundamental reconocido constitucionalmente, al modificar las sanciones por faltas de respeto a la autoridad. Ahora, solo los insultos o injurias considerados "relevantes" serán sancionables, y aun así, como faltas leves.
La aprobación final de esta ley requerirá una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, lo que subraya la importancia de las negociaciones en curso con Junts y Podemos. El resultado de estas conversaciones determinará si España dará un giro significativo en su enfoque de la seguridad ciudadana y los derechos humanos.
