La Audiencia Provincial de Madrid ha tomado una decisión trascendental al permitir que el juez Juan Carlos Peinado investigue a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por la presunta apropiación indebida de software desarrollado para la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esta resolución amplía el alcance de la investigación en curso sobre Gómez por supuesta corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
La querella, presentada por la asociación Hazte Oír el 14 de junio de 2024, alega que Gómez podría haberse apropiado de manera personal del software creado para su máster en la UCM, una de las instituciones académicas más antiguas y prestigiosas de España, fundada en 1499. La universidad, que cuenta con más de 86,000 estudiantes y 26 facultades, es conocida por su extensa oferta académica y su importante biblioteca, la más grande del país.
El magistrado Peinado, quien ya estaba investigando a Gómez, ahora tiene la autoridad para explorar esta nueva línea de investigación si lo considera pertinente. La Audiencia Provincial, establecida en 1882 y que sirve como tribunal de apelación para la Comunidad de Madrid, argumentó que existe una conexión entre los casos que justifica esta decisión.
La querella sugiere que Gómez pudo haber solicitado a empresas como Indra, Telefónica y Google el desarrollo gratuito del software para su Máster de Transformación Social Competitiva. Además, se alega que se apropió de marcas relacionadas con el programa, que en realidad pertenecerían a la UCM.
Es importante destacar que la protección de software en España está regulada por derechos de autor, y su apropiación indebida puede conllevar serias consecuencias legales, incluyendo penas de prisión. La Oficina Española de Patentes y Marcas, fundada en 1903 y responsable de la protección de la propiedad industrial en el país, registra más de 50,000 marcas anualmente.
La investigación también aborda la posición de Gómez como codirectora de la cátedra extraordinaria del máster 'Transformación social competitiva' en la UCM desde 2020, a pesar de no contar con la titulación requerida. Este hecho plantea interrogantes sobre los procesos de nombramiento en la universidad, que ofrece más de 170 titulaciones oficiales y mantiene acuerdos de intercambio con más de 800 instituciones en todo el mundo.
La Fiscalía, un órgano constitucional cuyo Fiscal General es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, inicialmente se mostró reticente a esta ampliación de la investigación. Sin embargo, la decisión de la Audiencia Provincial ha superado estas objeciones.
Esta situación pone de relieve la importancia de la transparencia y la integridad en las instituciones académicas y gubernamentales. La UCM, cuyo lema "Libertas Perfundet Omnia Luce" (La libertad iluminará todas las cosas con su luz) refleja sus valores fundamentales, se encuentra ahora en el centro de esta controversia legal y ética.
"Existe la conexidad apreciada para que Peinado explore esta nueva vía."
El desarrollo de este caso podría tener implicaciones significativas no solo para Begoña Gómez y el gobierno actual, sino también para las políticas de gestión de propiedad intelectual en las universidades españolas y la supervisión de los nombramientos académicos en instituciones de alto nivel.