La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha efectuado la detención de Víctor de Aldama, ex presidente del Zamora Fútbol Club, junto a otras 13 personas, en relación con un presunto fraude del IVA que supera los 180 millones de euros. Este caso está vinculado al denominado 'caso Koldo', una investigación sobre corrupción que ha sacudido la política española.
Según un informe de 87 páginas remitido por la UCO a la Audiencia Nacional, Aldama es señalado como el "nexo corruptor" que conecta de manera premeditada al Ministerio de Transportes, entonces dirigido por José Luis Ábalos, con la presunta organización criminal conocida como trama Koldo. Este caso se centra en la adquisición de mascarillas durante la pandemia de COVID-19, un período crítico que comenzó en 2020 y afectó significativamente a España.
El documento destaca el "rol central" de Aldama en la trama, subrayando su papel como enlace entre el Ministerio y las estructuras societarias bajo su control. Los investigadores afirman que estas sociedades no solo le proporcionaron beneficios económicos directos, sino que también fueron utilizadas para realizar pagos ilícitos a funcionarios públicos.
La UCO atribuye a Aldama un control total sobre el entramado delictivo, destacando su capacidad para infiltrar su organización en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para ello, habría contado con la colaboración activa del guardia civil Rubén Villalba, también imputado en esta causa.
"Dichas sociedades no sólo le proporcionan beneficios económicos directos derivados de la penetración en el Ministerio sino que son también utilizadas para efectuar pagos ilícitos o dádivas en aras de asegurar la complicidad con ciertos trabajadores públicos"
Los agentes describen a Aldama como el "líder de la organización", quien habría articulado una compleja estructura financiera y societaria de alcance nacional e internacional. Esta estructura habría experimentado diversas mutaciones a lo largo del tiempo, dificultando su rastreo.
El Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional investiga ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública, con un importe global de casi 52 millones de euros. En el procedimiento judicial también se encuentra imputado Koldo García, ex asesor de Ábalos, por el presunto cobro de comisiones ilegales tras las adjudicaciones para adquirir mascarillas.
El magistrado Ismael Moreno, junto con la Fiscalía Anticorrupción, investiga posibles delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. Estos delitos son considerados graves en el sistema legal español y pueden conllevar penas significativas.
Este caso ha reavivado el debate sobre la corrupción política en España, un tema recurrente en las últimas décadas. La complejidad de las estructuras financieras utilizadas en estos esquemas delictivos supone un desafío para los investigadores, quienes deben desentrañar intrincadas redes de sociedades y transacciones para esclarecer los hechos.