El Consejo de Europa, organización fundada en 1949 como la primera entidad paneuropea tras la Segunda Guerra Mundial, ha expresado su preocupación por las recientes sentencias judiciales en España que imponen un mínimo de horas lectivas en castellano en comunidades autónomas con lengua cooficial. Esta declaración se produce en el contexto de un recurso presentado por Òmnium Cultural ante el Tribunal Constitucional contra una sentencia sobre el uso del castellano en la Escuela Turó del Drac de Canet de Mar, Barcelona.
En un informe publicado el 24 de septiembre de 2024, el organismo con sede en Estrasburgo señala que estas decisiones judiciales "infringen los compromisos que España ha asumido para proteger las lenguas regionales o minoritarias". El comité de expertos encargado de la evaluación hace referencia específica al artículo 8 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, aprobada en 1992.
"Determinar un porcentaje mínimo de enseñanza en castellano para cada centro educativo contraviene las obligaciones asumidas por España en virtud del artículo 8 de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias"
El informe reconoce que el sistema español de protección de las lenguas regionales y minoritarias "está bien desarrollado", pero identifica "lagunas" en áreas como los procedimientos judiciales, los servicios de atención sanitaria y la comunicación con las instituciones estatales. Por ejemplo, se menciona que estas lenguas "nunca se utilizan en los prospectos farmacéuticos" y que "la mayoría de los órganos judiciales no atienden las solicitudes de recepción de documentación en lenguas autonómicas".
En cuanto a los medios de comunicación, el informe indica que la disponibilidad de programas de radio y televisión en idiomas regionales o minoritarios es generalmente satisfactoria, pero sugiere que se debe prestar más apoyo a su presencia en plataformas internacionales de streaming.
El Consejo de Europa recuerda el compromiso de España de proteger y fomentar diversas lenguas en ámbitos como la educación, la justicia y la administración. Entre estas lenguas se encuentran el vasco, el catalán (denominado valenciano en la Comunidad Valenciana), el gallego y el occitano (conocido como aranés en Cataluña). Además, se mencionan otras lenguas no oficiales como el amazigh en Melilla, el aragonés en Aragón, el asturiano en Asturias, el dariya en Ceuta, el extremeño y el fala en Extremadura, y el leonés en Castilla y León.
Es importante destacar que el Consejo de Europa, compuesto por 46 países miembros, no forma parte de la estructura institucional de la Unión Europea. Su objetivo principal es promover la democracia y proteger los derechos humanos y el Estado de derecho en el continente. Cabe mencionar que Rusia fue expulsada de este organismo en marzo de 2022 tras la invasión de Ucrania, un hecho sin precedentes en la historia de la organización.
Este informe del Consejo de Europa se produce en un momento de debate sobre la inmersión lingüística en Cataluña, implementada desde la década de 1980, y las recientes sentencias judiciales que buscan establecer un mínimo del 25% de clases en castellano. La situación pone de manifiesto la complejidad de equilibrar la protección de las lenguas regionales con el uso del castellano como lengua oficial del Estado español.