La situación en los aeropuertos argentinos se ha vuelto un verdadero desafío para los viajeros. Ingresar a una terminal aérea en el país sudamericano es adentrarse en un escenario de incertidumbre, donde los vuelos pueden sufrir demoras, reprogramaciones o incluso cancelaciones sin previo aviso. Esta realidad afecta significativamente a los 54 aeropuertos con vuelos comerciales regulares que operan en Argentina.
Los sindicatos del sector aéreo han intensificado sus medidas de fuerza, llevando a cabo huelgas que en ocasiones toman un carácter imprevisto. Estas acciones dejan a los usuarios en una posición cada vez más vulnerable, sin garantías sobre la realización de sus viajes programados. El impacto se extiende más allá de los pasajeros, afectando también a la industria turística, que representa aproximadamente el 10% del PIB argentino.
El gobierno del presidente Javier Milei, que asumió en diciembre de 2023, propugna una liberalización del mercado aéreo como solución a la crisis. Esta postura se enmarca en la continuación de la "revolución de los aviones" iniciada en 2016, que buscaba abrir el mercado a nuevas aerolíneas y rutas. Sin embargo, esta política enfrenta resistencia por parte de quienes defienden que Aerolíneas Argentinas, fundada en 1950, debe mantenerse bajo control estatal.
El debate sobre el futuro de la aerolínea de bandera no es nuevo. Aerolíneas Argentinas fue privatizada en 1990 y posteriormente renacionalizada en 2008, lo que demuestra la complejidad del tema y su importancia en la política nacional. Actualmente, la compañía cuenta con una flota de 84 aviones y es miembro de la alianza SkyTeam desde 2012.
La crisis actual tiene raíces profundas en la estructura del sector aéreo argentino. La industria enfrenta altos costos operativos debido a impuestos y tasas, lo que dificulta la rentabilidad de las aerolíneas. Además, la pandemia de COVID-19 asestó un duro golpe al tráfico aéreo, reduciéndolo en un 75% en 2020 y llevando al cese de operaciones de algunas compañías como LATAM Argentina.
El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el más grande del país, y el Aeropuerto Jorge Newbery (Aeroparque), principal hub doméstico, son los más afectados por la situación actual. Los pasajeros que llegan a estas terminales se encuentran con frecuencia ante cambios de último momento en sus itinerarios, incluyendo modificaciones en los aeropuertos de salida y llegada.
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se enfrenta al desafío de regular un sector en crisis, buscando un equilibrio entre las demandas de los trabajadores, las necesidades de los usuarios y las políticas gubernamentales. El gobierno actual defiende que la liberalización traerá más competencia y mejores servicios, como ocurrió con la entrada de aerolíneas de bajo costo como Flybondi en 2018.
Sin embargo, los críticos argumentan que la privatización podría poner en riesgo las rutas menos rentables que actualmente son subsidiadas por el gobierno, especialmente aquellas que conectan destinos remotos como Ushuaia, donde se encuentra el aeropuerto más austral del mundo.
La resolución de esta crisis requerirá un diálogo constructivo entre todas las partes involucradas. Es crucial encontrar un equilibrio que garantice la estabilidad laboral, mejore la calidad del servicio y mantenga la conectividad aérea en un país con una de las redes de aeropuertos más extensas de América Latina. Solo así se podrá recuperar la confianza de los 7.4 millones de turistas internacionales que visitaron Argentina en 2019, antes de la pandemia, y asegurar el futuro de una industria que emplea a más de 70,000 personas en el país.