Ley de Concordia: Valencia dialoga con Madrid sobre memoria histórica

El gobierno de la Comunidad Valenciana ha aceptado dialogar con el gobierno central sobre la controvertida Ley de Concordia, aprobada hace unos meses con el apoyo de Vox. Esta decisión llega justo antes de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez considere llevar la ley al Tribunal Constitucional por posibles conflictos con la Ley de Memoria Histórica.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha confirmado que se sentarán a dialogar con el gobierno central, aunque no sin cierta ironía. Mazón defiende que la ley, a pesar de estar pactada con Vox, es compatible con el tratamiento adecuado a las víctimas del franquismo y amplía los derechos a otras víctimas de violencia política, incluyendo las de la Segunda República y del terrorismo.

"Estamos dispuestos a dialogar, a explicar las cosas a quienes no las hayan entendido o no las hayan querido entender. Porque estoy convencido de que el Gobierno lo plantea de buena fe y por eso escuchará"

Esta situación contrasta con lo ocurrido en Castilla y León, donde el parlamento rechazó recientemente la tramitación de una ley similar. La diferencia radica en que en Valencia, la ley ya fue aprobada el 11 de julio de 2024, poco antes de que el acuerdo de gobierno entre PP y Vox se rompiera.

El PSOE, por su parte, ha pedido a Mazón que derogue la ley, calificándola como "ley de dignificación del franquismo". También han solicitado apoyo para una declaración institucional que reconozca la nulidad de los juicios sumarios del poeta alicantino Miguel Hernández.

La memoria histórica se ha convertido en un punto de fricción entre el gobierno central y el valenciano. El Ejecutivo de Sánchez llevó el contenido de la ley a la ONU, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa, lo que provocó un informe de los relatores de la ONU.

La entrada en vigor de la Ley de Concordia el 26 de agosto de 2024 ha tenido efectos inmediatos, suspendiendo todos los procedimientos en tramitación que se acogían a la anterior normativa, excepto las exhumaciones ya aprobadas. Esto ha generado preocupación entre las asociaciones de memoria democrática, que temen una paralización de las investigaciones y de la lucha contra los vestigios que ensalzan el franquismo.

Esta controversia se enmarca en un contexto más amplio de debate sobre la memoria histórica en España, que ha visto avances significativos en los últimos años, como la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos en 2019 y la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022. Sin embargo, el tema sigue siendo objeto de intenso debate político y social.