Las autoridades regionales españolas están examinando minuciosamente la legislación nacional del sector eléctrico. Su objetivo es identificar posibles vías legales que les permitan asumir la administración de los grandes parques de energías renovables que se están desarrollando en sus territorios. Esta iniciativa se centra específicamente en las instalaciones que superan los 50 megavatios (MW) de capacidad, cuya autorización y supervisión actualmente recae en el Ministerio para la Transición Ecológica.
Este movimiento por parte de las Comunidades Autónomas refleja el creciente interés en el control local de los recursos energéticos renovables. España se ha posicionado como un líder en el sector de las energías limpias, siendo el quinto país del mundo en potencia eólica instalada y albergando la primera planta solar termoeléctrica comercial del mundo, inaugurada en 2007.
El sector de las energías renovables en España ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. La potencia eólica instalada superó los 27 GW en 2021, mientras que la solar fotovoltaica creció un 30% en 2020, superando los 11 GW en 2021. Estos avances están alineados con el ambicioso objetivo nacional de alcanzar un 74% de electricidad renovable para 2030.
La revisión de la ley eléctrica por parte de las autonomías podría tener implicaciones significativas para el futuro del sector energético español. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 prevé la instalación de 60 GW de energía eólica y solar, lo que subraya la importancia de una gestión eficiente y coordinada de estos recursos.
Es importante destacar que el sector de las energías renovables no solo contribuye a la sostenibilidad ambiental, sino que también tiene un impacto económico considerable, empleando a más de 100.000 personas en España. Además, el país ha establecido metas ambiciosas, como la neutralidad climática para 2050 y la instalación de 4 GW de almacenamiento energético para 2030.
La posible redistribución de competencias en la gestión de grandes parques renovables podría afectar la implementación de proyectos innovadores, como la energía eólica marina flotante, un sector emergente en España. También podría influir en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que destina 6.385 millones de euros a energías renovables.
En conclusión, la iniciativa de las Comunidades Autónomas para asumir un mayor control sobre los grandes proyectos de energías renovables refleja la creciente importancia de este sector en España. Con un 42,8% de la electricidad proveniente de fuentes renovables en 2020, el país continúa avanzando hacia un futuro energético más sostenible y descentralizado.