La Audiencia Nacional de España ha tomado la decisión de archivar el caso relacionado con el secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco, ocurrido hace 27 años en Ermua, Vizcaya. Esta resolución se basa en la consideración de que los hechos han prescrito legalmente.
La Sala de lo Penal ha estimado el recurso presentado por Soledad Iparraguirre, conocida como "Anboto", quien fuera una importante dirigente de la organización terrorista ETA. Los magistrados argumentan que mantener abierto el caso violaría principios fundamentales del derecho, incluyendo la legalidad, la seguridad jurídica y la prohibición de retroactividad de normas sancionadoras desfavorables.
Este caso ha sido emblemático en la historia reciente de España. El asesinato de Blanco en 1997 marcó un punto de inflexión en la lucha contra ETA, generando un movimiento ciudadano sin precedentes conocido como el "espíritu de Ermua". Las manifestaciones masivas que siguieron al crimen demostraron el rechazo generalizado de la sociedad española hacia la violencia terrorista.
ETA, que operó desde 1959 hasta su disolución en 2018, fue responsable de más de 800 muertes durante su existencia. El caso Blanco fue particularmente impactante debido a su corta duración de 48 horas y al ultimátum público dado por la organización terrorista.
La decisión de archivar el caso también afectará probablemente a otros ex líderes de ETA implicados, como Miguel Albisu Iriarte ("Mikel Antza") e Ignacio de Gracia Arregui ("Iñaki de Rentería"), cuyos recursos están pendientes de resolución.
Es importante destacar que esta decisión judicial se basa en aspectos técnicos legales y no disminuye la gravedad del crimen cometido. El asesinato de Miguel Ángel Blanco sigue siendo un símbolo de la lucha contra el terrorismo en España y ha dejado una huella indeleble en la memoria colectiva del país.
La prescripción en derecho penal, que extingue la responsabilidad criminal por el paso del tiempo, ha sido un tema controvertido en casos de terrorismo. La "doctrina Parot", una medida legal diseñada para evitar la liberación temprana de terroristas, fue un intento de abordar esta cuestión, aunque posteriormente fue anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El caso Blanco también influyó en la política antiterrorista española. La Ley de Partidos de 2002, que permitió ilegalizar formaciones políticas vinculadas a ETA, fue una de las consecuencias legislativas del clima social generado tras este asesinato.
A pesar del archivo del caso, el legado de Miguel Ángel Blanco y el movimiento ciudadano que surgió tras su muerte continúan siendo relevantes en la sociedad española actual. Organizaciones como Gesto por la Paz, surgida en 1986, siguen trabajando por la paz y la reconciliación en el País Vasco.