El gobierno de Andalucía ha solicitado al ejecutivo de Pedro Sánchez un plan alternativo para el Campo de Gibraltar, ante el aparente estancamiento en las negociaciones con el Reino Unido. Esta petición surge a solo un mes de la implementación de nuevos controles fronterizos, programados para el 10 de noviembre de 2024, que incluirán la identificación biométrica de trabajadores y viajeros.
Gibraltar, un territorio británico de ultramar de apenas 6.8 km² ubicado en el extremo sur de la Península Ibérica, ha sido objeto de disputas entre España y Reino Unido durante siglos. Con una población de aproximadamente 34,000 habitantes, Gibraltar posee una de las densidades poblacionales más altas del mundo y una economía basada principalmente en servicios financieros, turismo y comercio.
El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha informado a los alcaldes de la comarca y a la Junta de Andalucía que aún quedan aspectos por resolver en la negociación. No se han ofrecido garantías de que se alcance un acuerdo antes de la fecha límite, cuando se implementará el Sistema de Entradas y Salidas (SES) del espacio Schengen y el nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS).
Los alcaldes locales expresan preocupación por el impacto de estos controles en los más de 10,000 trabajadores españoles que cruzan diariamente la frontera para trabajar en Gibraltar. Esta situación es particularmente delicada considerando que la frontera estuvo cerrada entre 1969 y 1985, y que Gibraltar no forma parte de la Unión Aduanera de la UE ni del espacio Schengen.
Albares ha trasladado la presión al Reino Unido, instándole a aceptar las condiciones propuestas por España y la Comisión Europea. La propuesta incluye la incorporación de Gibraltar al espacio Schengen y la libre circulación de personas y mercancías.
[[José Manuel Albares]]
"Llevamos muchos años negociando. Ya es hora de que Reino Unido diga que sí a un acuerdo que es equilibrado y generoso y que hemos puesto sobre la mesa hace mucho tiempo"
Por su parte, la Junta de Andalucía, representada por el consejero de Presidencia Antonio Sanz, ha solicitado al gobierno español y a la Unión Europea que implementen medidas fiscales especiales. Estas medidas buscan permitir que la comarca compita en igualdad de condiciones con Gibraltar, que actualmente goza de un régimen fiscal favorable que ha atraído a numerosas empresas internacionales.
El gobierno andaluz insiste en la necesidad de participar en las negociaciones, en las que ya están representadas las autoridades locales de Gibraltar. Además, subrayan que no es suficiente un acuerdo de mínimos, sino que se debe aprovechar la oportunidad para abordar las diferencias fiscales que actualmente ponen en desventaja a la comarca española frente a la colonia británica.
Es importante destacar que el 96% de los gibraltareños votaron a favor de permanecer en la UE durante el referéndum del Brexit, lo que añade complejidad a la situación actual. La resolución de este conflicto no solo afectará a la economía local, sino también al futuro de sitios emblemáticos como el Peñón de Gibraltar, hogar de los únicos monos salvajes de Europa y un importante atractivo turístico que representa alrededor del 30% de la economía gibraltareña.
La situación actual pone de manifiesto la necesidad de encontrar una solución que beneficie a todas las partes involucradas, respetando la historia y la cultura única de Gibraltar, mientras se abordan las preocupaciones económicas y sociales de la región circundante.