La Unión Europea ha iniciado un nuevo procedimiento de infracción contra España por el abuso de contratos temporales en la Administración pública. Esta acción, que se suma a una decisión similar tomada en julio de 2024, pone de manifiesto la preocupación de Bruselas por las prácticas laborales en el sector público español.
La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE fundada en 1993, ha emitido una carta de emplazamiento denunciando "el uso abusivo de las relaciones laborales de duración determinada y las condiciones laborales discriminatorias en el sector público". Este documento marca el inicio del procedimiento de infracción, un mecanismo legal utilizado por la UE para abordar incumplimientos de los estados miembros.
La UE señala que la legislación española carece de medidas adecuadas para ciertos tipos de contratos temporales en el sector público. Por ejemplo, la indemnización para un trabajador temporal es la misma independientemente de si ha trabajado durante veinte o treinta años. Además, si un empleado con una larga trayectoria de contratos temporales decide dimitir, no tiene derecho a indemnización, incluso si un tribunal declara abusiva la sucesión de contratos.
Es importante destacar que España se unió a la UE en 1986 y desde entonces ha estado sujeta a la normativa comunitaria en materia laboral. La Directiva 1999/70/CE, que regula el trabajo de duración determinada en la UE, es particularmente relevante en este contexto. Sin embargo, la tasa de temporalidad en el sector público español, que supera el 30%, sigue siendo una de las más altas de la UE.
La Comisión reconoce que España ha adoptado enmiendas tras el procedimiento de infracción iniciado en 2015. No obstante, considera que estas medidas "siguen sin abordar suficientemente los problemas detectados". Esta situación refleja la complejidad del problema, que tiene raíces históricas, ya que la figura del funcionario interino existe en España desde el siglo XIX.
El sector público español, que emplea a más de 3 millones de personas, se rige por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Sin embargo, prácticas como el "encadenamiento de contratos" siguen siendo comunes, lo que ha llevado al Tribunal de Justicia de la UE a dictar varias sentencias sobre el abuso de temporalidad.
La reforma laboral de 2021 en España buscaba reducir la temporalidad, pero los efectos en el sector público parecen ser insuficientes según la perspectiva de la UE. El concepto de "fijeza", una solución legal española para empleados públicos temporales de larga duración, no parece satisfacer plenamente las expectativas de Bruselas.
Es importante señalar que la UE tiene competencias limitadas en materia de empleo público de los estados miembros. Sin embargo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE protege los derechos laborales, y el principio de igualdad en el empleo es fundamental en la legislación comunitaria.
El Defensor del Pueblo español ha emitido recomendaciones sobre la temporalidad en el sector público, y el Tribunal Constitucional español ha dictado sentencias al respecto. No obstante, la persistencia del problema sugiere que se necesitan medidas más contundentes para abordar esta cuestión de manera efectiva.
Este nuevo expediente de la UE pone de manifiesto la necesidad de una reforma profunda en las prácticas de contratación del sector público español. La resolución de este conflicto será crucial para garantizar condiciones laborales justas y equitativas en la Administración pública española, en línea con los estándares europeos.