La crisis migratoria en España ha alcanzado un nuevo punto de tensión. El Partido Popular (PP) ha suspendido las negociaciones con el Gobierno sobre la reforma de la Ley de Extranjería y la redistribución de menores migrantes. Esta decisión, tomada el 5 de octubre de 2024, se basa en la percepción del PP de que España ha renunciado a solicitar apoyo a la Unión Europea (UE) en este asunto.
El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, comunicó esta decisión al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) considera que esta es una "excusa", afirmando que el Gobierno no ha rechazado la ayuda de la UE.
La propuesta del Gobierno, revelada días antes, establece nuevos umbrales de saturación del sistema de acogida basados en la población de cada comunidad autónoma. Este plan, elaborado por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, implicaría la creación de 4.437 nuevas plazas de acogida en 13 comunidades autónomas.
Según el documento gubernamental, la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana deberían crear el 61,9% de estas nuevas plazas. Es importante destacar que la crisis migratoria en Canarias se intensificó significativamente en 2020, con un aumento del 756% en llegadas de migrantes comparado con 2019.
El PP, por su parte, insiste en que el Estado asuma el pago de los menores no acompañados cuando se saturen los centros autonómicos y solicita el traslado de migrantes a otros países de la UE. Sin embargo, hasta la entrada en vigor del Pacto de Asilo y Migraciones en 2026, los Estados miembros no tienen obligación de recibir migrantes derivados de otros territorios.
Es crucial mencionar que la UE ha destinado más de 500 millones de euros a España para la gestión migratoria entre 2021-2027. Además, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) apoya a España en el control de fronteras.
El PSOE argumenta que el apoyo europeo está "reglamentado" y que, según el protocolo, se deben activar primero los mecanismos de inmigración dentro del país antes de solicitar ayuda a otros Estados europeos.
Esta situación pone de manifiesto la complejidad del sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados (MENA) en España, regulado por la Ley Orgánica 4/2000. La edad media de los MENA en España es de 16 años, y la mayoría proceden de Marruecos y África subsahariana.
"¿Cómo vas a solicitar a otros Estados que te ayuden para derivar migrantes si tú no lo has hecho en tu propio territorio?"
El debate sobre la gestión migratoria en España continúa, con el Tribunal Constitucional dictaminando que las comunidades autónomas no pueden rechazar la acogida de MENA. Mientras tanto, el Defensor del Pueblo ha criticado en varias ocasiones las condiciones de acogida de menores migrantes, subrayando la urgencia de encontrar soluciones efectivas y humanas a este desafío.