Polémica por reforma legal que podría beneficiar a ex miembros de ETA
Una modificación legislativa en España podría reducir condenas de etarras. La oposición intenta frenar la medida en el Senado, mientras víctimas del terrorismo expresan su preocupación.
En un controvertido giro de los acontecimientos, el gobierno español ha impulsado una reforma legislativa que podría beneficiar a ex miembros de la organización terrorista ETA. Esta modificación, que afecta a la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales en la Unión Europea, ha generado una intensa polémica en el panorama político español.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado que hasta 44 ex integrantes de ETA podrían ver reducidas sus condenas como resultado de esta reforma. Según la AVT, siete de estos individuos incluso podrían ser liberados. Esta situación ha provocado una fuerte reacción por parte de la oposición, especialmente del Partido Popular (PP).
El PP, que actualmente tiene mayoría en el Senado, está buscando formas de frenar esta reforma en el último momento. La senadora Noelia Núñez ha declarado que están explorando "los instrumentos políticos, jurídicos y parlamentarios para evitar que la norma salga adelante". Sin embargo, las opciones parecen limitadas debido a los procedimientos legislativos.
Es importante destacar que esta reforma fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados a mediados de septiembre de 2024. Sorprendentemente, ni el PP, ni Vox, ni UPN advirtieron los cambios que ahora están generando controversia. Esto ha llevado a la AVT a cuestionar si hay "alguien al volante del país".
La modificación de la ley incluye la supresión de una disposición adicional única que impedía a los etarras condenados descontarse las penas cumplidas en Francia. Esta medida era una reivindicación de larga data del entorno de ETA y sus herederos políticos.
"¿Hay alguien al volante del país?"
La reforma se considera una concesión significativa del gobierno a Bildu, uno de sus socios parlamentarios. Esta coalición política vasca de izquierda abertzale, fundada en 2011, ha sido un apoyo clave para el gobierno de Pedro Sánchez.
El debate final y la votación sobre esta reforma están programados para el 8 de octubre de 2024 en el Senado. Aunque el PP tiene mayoría en esta cámara, no está claro si podrán detener efectivamente la aprobación de la ley.
Esta situación ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la reinserción de ex miembros de grupos terroristas y la justicia para las víctimas. También ha puesto de manifiesto la complejidad del sistema legislativo español y la importancia de la atención a los detalles en el proceso parlamentario.
La polémica surge en un momento en que España continúa lidiando con el legado de ETA, que operó desde 1959 hasta 2018. La organización terrorista dejó una profunda huella en la sociedad española, y cualquier medida que pueda percibirse como beneficiosa para sus ex miembros genera inevitablemente tensiones políticas y emocionales.
