El Partido Popular ha presentado un cálculo teórico para destacar dos temas cruciales: la financiación de Cataluña y la crisis de vivienda en España. Según el PP, con los fondos adicionales que podría recibir Cataluña, se podrían construir casi 100.000 viviendas.
Paloma Martín, vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, ha expuesto esta idea en una rueda de prensa el 2 de octubre de 2024. El partido estima un coste de construcción de 133.000 euros por vivienda. Basándose en un estudio de FEDEA, que sugiere que la independencia fiscal de Cataluña podría costar hasta 13.000 millones de euros al resto de comunidades autónomas, el PP concluye que se podrían construir 97.744 viviendas de alquiler asequible con esos fondos.
Martín ha presentado parte del plan de vivienda del PP, que se centra en reducir la burocracia y liberar suelo para la construcción de vivienda libre y protegida. El plan incluye ayudas al alquiler, como una exención en el IRPF para jóvenes y la eliminación total del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
El PP propone eliminar los límites al alquiler y sustituirlos por medidas que fomenten el aumento de la oferta. También plantean acciones contra la okupación, un problema que afecta a 25.000 viviendas anualmente en España, con un tiempo medio de recuperación que ha aumentado de 11 a 21 meses.
Una nueva medida propuesta es reducir el umbral de ingresos para considerar a una persona "vulnerable" de 1.800 a 1.080 euros mensuales. Esta medida busca facilitar el acceso al alquiler para jóvenes con ingresos entre 1.200 y 1.500 euros, quienes actualmente enfrentan dificultades debido a los "castings" de inquilinos realizados por los propietarios.
Martín ha criticado los efectos de la actual ley de vivienda, señalando que en su primer año de vigencia, la oferta de alquileres ha disminuido un 15% y la inversión inmobiliaria ha caído un 36% en 2024. El PP argumenta que la intervención en el mercado ha tenido consecuencias negativas, como ya advertían diversos informes.
"Todos los informes ya alertaban de que intervenir el mercado tenía consecuencias catastróficas"
La dirigente del PP ha cuestionado la gestión del gobierno de Sánchez en materia de vivienda. Mientras se prometieron 183.000 viviendas sociales, en 2023 solo se construyeron 8.625, un 8% menos que en 2022 y un 18% menos que en 2021. Martín ha calificado al gobierno de "incapaz", señalando que, a pesar de disponer de suelo público a través de SEPES y viviendas mediante la Sareb, no ha logrado utilizar eficazmente estos recursos.
Es importante destacar que el acceso a la vivienda es un derecho reconocido en la Constitución Española de 1978. Sin embargo, España tiene una de las tasas de emancipación juvenil más bajas de Europa y el alquiler social representa menos del 2% del parque de viviendas, muy por debajo de la media europea. Estos datos subrayan la complejidad del problema de la vivienda en España y la necesidad de soluciones efectivas.