Por primera vez desde el referéndum del 1 de octubre de 2017, el movimiento independentista catalán conmemora este hito fuera del gobierno de la Generalitat. Esta situación se produce tras la derrota en las elecciones autonómicas del 12 de mayo de 2024 y la investidura del socialista Salvador Illa como presidente.
Los partidos independentistas han tenido que adaptar sus actos conmemorativos, reconociendo sus limitaciones y la falta de unidad que ha caracterizado al movimiento en los últimos años. Junts per Catalunya ha publicado un manifiesto en el que admite:
"En estos siete años no hemos sabido, por la falta de unidad, y no hemos podido, por la brutal represión del Estado español, materializar aquella victoria en la independencia de Cataluña"
Esta declaración refleja la autocrítica del partido, que reconoce la desunión del secesionismo y su interpretación de la respuesta judicial al referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat y figura clave del movimiento independentista, ha definido el 1-O como "una referencia inevitable para construir el futuro en libertad" y "un inicio para la supervivencia de Cataluña". Desde Bélgica, donde reside desde octubre de 2017, Puigdemont ha reconocido las consecuencias negativas de la falta de unidad, pero ha reafirmado su compromiso con la causa independentista.
Por su parte, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha optado por una conmemoración más discreta, difundiendo un vídeo con imágenes del referéndum y llamando a "volver a llenar las urnas de coraje y libertad". El partido, fundado en 1931, mantiene en su hoja de ruta la organización de un nuevo referéndum, basándose en el artículo 92 de la Constitución Española.
La Convención Nacional para la Resolución del Conflicto Político, un foro dependiente del Parlament, se perfila como el espacio donde ERC defenderá la celebración de un futuro referéndum pactado. Esta iniciativa, propuesta en 2024, forma parte del acuerdo de investidura con el PSC.
El presidente del Parlament, Josep Rull, ha aprovechado su posición para emitir una declaración institucional, calificando el 1-O como "el día más trascendente de la historia reciente de Cataluña". Además, ha exigido la aplicación de la Ley de Amnistía, un proyecto de ley propuesto en 2023, al diputado electo Puigdemont.
Mientras tanto, las negociaciones con el gobierno español continúan, centrándose en temas como la financiación y el traspaso de competencias. La gestión del IRPF y un posible concierto económico similar al del País Vasco y Navarra son puntos clave en estas conversaciones.
A siete años del referéndum, que tuvo una participación del 43% del censo electoral y un resultado del 90,18% a favor de la independencia, el movimiento independentista catalán se encuentra en un momento de reflexión y replanteamiento de sus estrategias, buscando nuevas vías para alcanzar sus objetivos dentro del marco constitucional español.