La Audiencia Nacional ha intervenido una grabación que revela una conversación entre Koldo García, ex asesor del Ministerio de Transportes, y el comandante Rubén Villalba de la Guardia Civil. Esta revelación arroja luz sobre un posible caso de corrupción y filtraciones dentro de una de las fuerzas de seguridad más antiguas de Europa, fundada en 1844.
Según la grabación, García afirmó conocer que estaba siendo investigado por la Unidad Central Operativa (UCO), una unidad de élite creada en 1987 que se especializa en casos complejos. El ex asesor ministerial aseguró que esta información provenía del director de la Guardia Civil, aunque posteriormente negó esta afirmación en declaraciones a EL MUNDO.
"Me llamó en más de una ocasión para que intentara confirmarle que era la UCO quien estaba tras sus pasos, a lo que hice caso omiso".
La conversación tuvo lugar el 25 de enero de 2024 a través de WhatsApp, una plataforma de mensajería adquirida por Facebook en 2014. Este tipo de comunicaciones pueden ser objeto de escuchas telefónicas, las cuales requieren autorización judicial en España.
García admitió previamente a EL MUNDO que sabía de la investigación debido a seguimientos detectados. Intentó evitar registros domiciliarios, ofreciendo colaborar con las autoridades. Sin embargo, la Policía Judicial, compuesta por unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil, procedió a su detención y registro de su domicilio.
Es importante destacar que la UCO ha participado en algunas de las investigaciones más importantes de corrupción en España, donde este delito puede conllevar penas de hasta 6 años de prisión. El Ministerio de Transportes, implicado en este caso, gestiona un presupuesto anual superior a 10,000 millones de euros.
La presunta filtración de información confidencial podría considerarse un delito grave. No obstante, es fundamental recordar que la presunción de inocencia es un derecho fundamental en el sistema legal español. La colaboración con la justicia, si se diera el caso, podría ser considerada como un atenuante en procesos penales.
Este caso pone de manifiesto la complejidad de las investigaciones de alto perfil en España, donde la Audiencia Nacional, creada en 1977, tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. La Guardia Civil, con más de 75,000 efectivos, juega un papel crucial en estas investigaciones, utilizando tecnología de vigilancia avanzada.
La situación actual plantea interrogantes sobre la integridad de las instituciones y la posible existencia de redes de influencia en altos niveles del gobierno. El desarrollo de este caso será crucial para entender el alcance de las supuestas actividades corruptas y sus implicaciones en el sistema político y de seguridad español.