El nuevo gobierno francés ha presentado los presupuestos más austeros desde que Emmanuel Macron asumió la presidencia en 2017. Esta propuesta marca un cambio significativo en la política fiscal del país, incluyendo por primera vez en siete años recortes y aumentos de impuestos.
El objetivo principal de estos presupuestos es abordar el creciente déficit de Francia, la segunda economía más grande de la eurozona. Se espera que el déficit alcance el 6,1% del PIB este año, un aumento respecto al 5,5% del año pasado. El gobierno busca reducirlo al 5% para evitar que alcance el 7% proyectado para 2025 sin medidas correctivas.
La ley presupuestaria propone un recorte de 60.000 millones de euros, de los cuales 40.000 millones provienen de ahorros en el gasto público. Este gasto representa actualmente el 57% del PIB francés, uno de los más altos entre los países de la OCDE. Los 20.000 millones restantes se obtendrán mediante aumentos de impuestos a las empresas con grandes beneficios y a los hogares de altos ingresos.
Las empresas con beneficios superiores a 1.000 millones de euros enfrentarán nuevas tasas impositivas. Aquellas con beneficios entre 1.000 y 3.000 millones pagarán una tasa del 20,3% el primer año y del 10,6% el segundo. Las que superen los 3.000 millones pagarán el 41,2% y el 20,6% respectivamente. Estas medidas buscan recaudar unos 8.000 millones de euros adicionales.
Para los hogares, se aplicarán impuestos a aquellos con ingresos superiores a 250.000 euros (500.000 para parejas), afectando a unos 65.000 hogares. Además, se contempla retrasar seis meses la revalorización de las pensiones, una medida que afectará a un sector más amplio de la población.
Estas propuestas representan una ruptura con las políticas anteriores de Macron, quien había evitado aumentar impuestos y había reducido las cargas fiscales a las empresas. El sistema tributario francés, ya conocido por su complejidad, se enfrenta ahora a nuevos cambios.
"Es un camino de responsabilidad, lo digo muy claramente, es un camino que excluye cualquier expolio fiscal y cualquier cura de austeridad. No hay ambigüedad al respecto. Nosotros no reconduciremos las cuentas frenando el crecimiento"
El debate sobre estos presupuestos comenzará la próxima semana en la Asamblea Nacional, la cámara baja del Parlamento francés. Sin embargo, el gobierno enfrenta desafíos significativos para obtener apoyo, ya que el Parlamento quedó dividido en tres bloques tras las elecciones legislativas de julio de 2024, sin que ninguno tenga mayoría.
La oposición proviene de diversos frentes: el bloque de izquierda critica los recortes en el gasto público, mientras que algunos miembros del propio partido de Macron se oponen a los aumentos de impuestos. El partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional, liderado por Marine Le Pen, también ha expresado su oposición.
Si el gobierno no logra obtener los apoyos necesarios antes del 21 de diciembre de 2024, podría recurrir al artículo 49.3 de la Constitución francesa, que permite aprobar leyes sin voto parlamentario. Esta medida, sin embargo, podría aumentar las tensiones políticas en un momento en que Francia enfrenta desafíos económicos significativos.
La presentación de estos presupuestos austeros refleja la creciente preocupación por la situación fiscal de Francia, que junto con Grecia e Italia, es uno de los países con mayor deuda pública en Europa. La deuda francesa superó el 100% del PIB en 2020, y el país enfrenta presiones para cumplir con las normas fiscales de la Unión Europea.
Estos presupuestos marcan un punto de inflexión en la política económica francesa, tradicionalmente caracterizada por una fuerte intervención estatal y un extenso sistema de bienestar social. El éxito o fracaso de estas medidas podría tener implicaciones significativas no solo para Francia, sino también para la estabilidad económica de la eurozona en su conjunto.