El 30 de septiembre de 2024 comenzó el juicio contra un ex alcalde acusado de ser un empleado 'fantasma' de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (Faffe). El fiscal ha presentado cargos por el uso irregular de fondos públicos, alegando que el acusado cobró un salario sin realizar ningún trabajo.
La Faffe, establecida en 2003 durante el mandato de Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía, tenía como objetivo original la formación de desempleados andaluces. Sin embargo, el caso ha revelado una serie de irregularidades que van más allá de su propósito inicial.
Según la investigación, que comenzó en 2016 y ha durado más de 8 años, la Faffe no solo se utilizó para financiar fiestas en prostíbulos para sus directivos, sino también como un instrumento para el nepotismo y la adjudicación irregular de contratos. Se han identificado más de 200 contrataciones irregulares y más de 1,000 cursos de formación fantasma.
La fundación, que llegó a tener más de 1,700 empleados y 8 sedes provinciales en Andalucía, recibió más de 700 millones de euros de fondos públicos durante su existencia. El Tribunal de Cuentas ha reclamado el reintegro de más de 50 millones de euros debido a las irregularidades detectadas.
El escándalo, que salió a la luz en 2014, ha implicado a varios ex altos cargos del PSOE andaluz y está relacionado con el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía. Se estima que la Faffe gastó más de 3.7 millones de euros en gastos irregulares, incluyendo facturas de prostíbulos por valor de más de 32,000 euros.
El caso ha tenido un impacto significativo en la política andaluza, llevando a reformas en la gestión de fundaciones públicas y cambios en la legislación sobre transparencia. Además, ha afectado la credibilidad de las políticas de empleo en la región.
Este juicio representa un paso importante en la búsqueda de responsabilidades por el mal uso de recursos destinados a la formación y empleo de los andaluces desempleados. La sentencia podría tener implicaciones de largo alcance para la gestión de fondos públicos y la lucha contra la corrupción en España.