En una reunión celebrada el 10 de octubre de 2024, Fernando Clavijo, presidente de Canarias, solicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un "tratamiento singular" para abordar la crisis migratoria en el archipiélago. Esta petición refleja la creciente preocupación por la situación en las islas, que han experimentado un aumento significativo en la llegada de migrantes en los últimos años debido a su proximidad geográfica con África.
Clavijo, miembro de Coalición Canaria, no dudó en criticar la decisión del Partido Popular de abandonar las negociaciones sobre inmigración: "No entendemos ni compartimos la ruptura de las negociaciones por parte del PP. No justificamos que se abandone una mesa de negociación, especialmente en un asunto tan crucial". Esta declaración subraya la complejidad de la situación política en Canarias, donde Coalición Canaria gobierna en coalición con el PP.
El presidente canario salió de La Moncloa con el compromiso de Sánchez de organizar una reunión con María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, para discutir la solicitud de 160 millones de euros destinados a la atención de aproximadamente 6.000 menores migrantes en las islas. Sánchez aseguró que los 50 millones ya comprometidos por el Ejecutivo se transferirán al Gobierno canario antes de finales de octubre.
La gestión de menores no acompañados es una competencia transferida a las comunidades autónomas, lo que ha generado un debate sobre la responsabilidad financiera. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, explicó: "Entiendo su reclamación, pero es una competencia autonómica, así lo refleja la Constitución y el Estatuto de Autonomía".
"El Gobierno no puede estar ausente del drama migratorio que se vive en las islas. No puede usar como excusa que la competencia es de las comunidades".
La crisis migratoria en Canarias se ha visto agravada por la ruptura de las negociaciones por parte del PP el sábado 5 de octubre. A pesar de esto, se mantuvo una reunión el lunes 7 de octubre entre el Gobierno de Canarias y los ministerios de Política Territorial e Infancia, a la que el PP no asistió.
En otras reuniones, Jorge Azcón, presidente de Aragón, logró un acuerdo para aumentar el Fondo de Inversiones de Teruel de 60 a 86 millones de euros en dos años. Por su parte, María Chivite, presidenta de Navarra, solicitó que las comunidades con una gestión responsable y superávit puedan invertir esas cantidades en las cuentas de 2025.
La situación en Canarias pone de manifiesto la complejidad del sistema autonómico español y los desafíos que enfrentan las regiones insulares. Con una población que supera los 2 millones de habitantes y una economía altamente dependiente del turismo, Canarias se encuentra en una posición única que requiere soluciones adaptadas a su realidad geográfica y socioeconómica.