El gobierno de Cataluña ha instado al Poder Judicial a aplicar la Ley de Amnistía de manera urgente y sin dilaciones, tras el reciente rechazo del Tribunal Supremo a implementar esta medida para los líderes condenados por malversación en relación con el referéndum del 1 de octubre de 2017. Esta reacción se produce en un contexto donde la separación de poderes y la interpretación de leyes por diferentes tribunales son temas de debate crucial.
Sílvia Paneque, portavoz de la Generalitat, expresó:
"Respetamos los pasos y garantías del camino judicial, que a veces son más lentos de lo que querríamos para recuperar la normalidad social, institucional y política"
Paneque, quien también es consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, enfatizó la necesidad de celeridad en el proceso, reconociendo la complejidad del sistema judicial. La Ley de Amnistía, a diferencia del indulto, busca extinguir la responsabilidad penal de los implicados en el conflicto catalán, que ha sido un tema central en la política española desde 2017.
Por su parte, Josep Rull, presidente del Parlament, aprovechó el séptimo aniversario del referéndum para hacer un llamamiento a la aplicación "sin reservas" de la ley. Rull señaló que la amnistía debería marcar un punto de inflexión en el conflicto político entre el Estado y Cataluña, pero el bloqueo judicial impide que dos diputados electos, incluyendo al ex presidente Carles Puigdemont y al ex consejero Lluís Puig, puedan regresar del exilio y ejercer sus derechos políticos.
Es importante destacar que la situación actual dista de la normalidad política debido a las inhabilitaciones y exilios que aún afectan a varios miembros del gobierno catalán de 2017. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y varios procesados han presentado recursos de súplica contra la no aplicación de la Ley de Amnistía, reflejando la complejidad legal del asunto.
La Mesa del Parlament, con el apoyo de los representantes de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, pero sin la firma de los miembros del PSC, ha emitido una declaración respaldando la posición de Rull. Este hecho subraya las divisiones políticas que persisten en torno al tema de la amnistía y el futuro político de Cataluña.
La aplicación de la Ley de Amnistía sigue siendo un tema controvertido, donde se enfrentan las interpretaciones legales del Tribunal Supremo con las expectativas políticas del gobierno catalán. Este debate pone de manifiesto la tensión entre el poder judicial y el legislativo, así como la complejidad de resolver conflictos políticos a través de medidas legales.