La oscura red legal detrás del violento Frente Atlético
El grupo ultra del Atlético de Madrid opera bajo una compleja estructura jurídica desde hace más de 32 años. Mezcla hooliganismo y extrema derecha, causando disturbios y violencia.
El Frente Atlético, grupo ultra asociado al Atlético de Madrid, ha sido objeto de controversia durante décadas. Detrás de sus acciones violentas y su ideología extremista, se esconde una compleja estructura jurídica y económica que ha permitido su operación legal en España por más de 32 años.
Este grupo, fundado en 1982, ha mezclado el hooliganismo con la extrema derecha, generando preocupación entre las autoridades y aficionados. Su historial incluye disturbios, peleas y hasta homicidios, lo que ha llevado a cuestionar cómo han logrado mantener su estatus legal durante tanto tiempo.
La estructura paraempresarial del Frente Atlético fue cedida originalmente por un inmigrante a sus actuales propietarios. Este entramado legal ha permitido al grupo operar financiera y legalmente en España, a pesar de sus actividades cuestionables.
El Frente Atlético ha sido asociado con ideología neonazi y fascista, y sus miembros han sido acusados de realizar saludos nazis y cantar cánticos racistas en los estadios. En 2014, el Atlético de Madrid se vio obligado a prohibir oficialmente los símbolos del grupo en su estadio tras varios incidentes violentos.
"El club condena enérgicamente cualquier manifestación de violencia y no tolerará símbolos o comportamientos que promuevan el odio en nuestro estadio."
La violencia del grupo no se ha limitado al ámbito futbolístico. En 2014, un miembro del Frente Atlético fue condenado por el asesinato de un seguidor de la Real Sociedad, lo que intensificó las críticas hacia la organización.
Las autoridades han tomado medidas contra el grupo en varias ocasiones. En 2018, el Atlético de Madrid retiró 250 abonos a miembros del Frente Atlético. Además, la UEFA ha sancionado al club por el comportamiento de sus ultras en competiciones europeas.
El grupo ha sido investigado por presuntos vínculos con el tráfico de drogas y por delitos de odio en redes sociales. También se han reportado casos de extorsión a comerciantes cercanos al estadio y reclutamiento de menores para sus actividades.
A pesar de las acciones legales y las sanciones, el Frente Atlético ha logrado mantener su estructura y presencia. Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas tomadas hasta ahora y la necesidad de una revisión más profunda de las leyes que permiten la existencia de estos grupos.
El impacto del Frente Atlético va más allá del fútbol, afectando a la sociedad española en su conjunto. Su persistencia representa un desafío para las autoridades y el club, que deben encontrar formas más efectivas de combatir el extremismo y la violencia en el deporte.
