El Juzgado de lo Penal número 4 de Alcalá de Henares ha archivado definitivamente la causa contra el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, y otros dos investigados en el denominado caso Calvario. Esta decisión se basa en la vulneración del derecho de defensa al realizarse las declaraciones fuera del plazo de instrucción.
El caso Calvario se remonta al 10 de diciembre de 2010, cuando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Coslada aprobó una licencia para Hipercor para excavar en una zona arqueológica protegida. Esta decisión ignoró la obligación de solicitar autorización a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, dado que el yacimiento estaba bajo consideración para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
El yacimiento en cuestión contenía restos del Paleolítico, un período que abarca desde hace unos 3,3 millones de años hasta hace aproximadamente 12.000 años. La importancia de este sitio arqueológico radica en su potencial para proporcionar información valiosa sobre la prehistoria humana en la región.
La Fiscalía consideró que los responsables ignoraron conscientemente la protección especial del yacimiento. Cuando las obras comenzaron en 2012, las excavadoras destruyeron una parte considerable del sitio, causando daños estimados por la Comunidad de Madrid en 2.246.121,79 euros.
El auto de archivo establece que las diligencias practicadas después del 3 de agosto de 2017 no son válidas, lo que incluye las declaraciones de Ángel Viveros, Antonio Murillo Díaz y Ángel Martínez Arribas. Sin embargo, José Luis Alonso Dávila, director de los Servicios Técnicos de Obras y Urbanismo, sigue en el proceso y deberá comparecer ante el tribunal en febrero de 2025.
Es importante destacar que el archivo de la causa no se debe a cuestiones relacionadas con el convenio urbanístico, como sugirió el alcalde en una rueda de prensa reciente. El caso pone de manifiesto la importancia de los procedimientos legales y los plazos en el sistema judicial español, regidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Constitución Española.
Este caso se enmarca en un contexto más amplio de investigaciones sobre corrupción en España. Por ejemplo, el ex alcalde de Coslada, Raúl López Vaquero, estuvo implicado en la Operación Púnica, una investigación anticorrupción iniciada en 2014. Sin embargo, en octubre de 2023, el juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional archivó la causa contra López, decisión confirmada en junio de 2024.
El caso Calvario y sus ramificaciones subrayan la complejidad de los procesos judiciales en casos de presunta corrupción y la importancia de la protección del patrimonio cultural. También pone de relieve el papel crucial de instituciones como la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional en la investigación y enjuiciamiento de estos casos.
"Hasta llegar a junio de este año, no se tuvo en cuenta mi testimonio, tampoco el informe pericial elaborado por expertos universitarios, ni siquiera la solicitud de testigos como técnicos de la Comunidad de Madrid, de Patrimonio o el responsable de la obra. No se tuvo en cuenta nada, como si no se hubiese pedido, pero sobre todo se obvió el primer convenio, el firmado por el PP, todo muy extraño."
Este caso demuestra la importancia de la transparencia en la gestión pública y la necesidad de equilibrar el desarrollo urbano con la preservación del patrimonio histórico. También resalta la complejidad del sistema judicial español y la importancia de respetar los plazos y procedimientos establecidos en la ley.