Supremo rechaza amnistía para líderes catalanes condenados por malversación

El Tribunal Supremo español ha reiterado su negativa a aplicar la Ley de Amnistía a los líderes independentistas catalanes condenados por malversación en el contexto del proceso soberanista. Esta decisión, tomada hace 7 años y 3 meses, mantiene la exclusión de aquellos casos en los que se demostró un beneficio personal de carácter patrimonial.

La Sala de lo Penal, en un auto firmado por seis magistrados, ha rechazado los recursos presentados por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y varios de los procesados en la causa del "procés". El tribunal argumenta que la interpretación de la ley no puede limitarse a la mera voluntad política, sino que debe basarse en un análisis jurídico riguroso.

"Solicitar de esta Sala que interpretemos la Ley de Amnistía sin otra referencia que la que proporciona la voluntad del legislador es pedir que abdiquemos de nuestra función como jueces."

Los magistrados critican la visión del juez como una "boca muda" que simplemente aplica la literalidad de la norma, calificándola de "imagen trasnochada". Insisten en que su papel es interpretar la ley de manera integral, considerando todos los aspectos relevantes.

Es importante destacar que el Tribunal Supremo fue establecido en 1812, y su papel como máximo intérprete de la ley es fundamental en el sistema judicial español. La decisión afecta a figuras prominentes del movimiento independentista catalán, como Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat, y los ex consejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull.

El auto también rechaza el recurso del partido político VOX, que argumentaba que el delito de desobediencia debería estar excluido de la amnistía. Este partido, fundado en 2013, ha sido un actor relevante en la oposición al proceso independentista.

La Ley de Amnistía, tema controvertido desde la transición democrática en 1977, ha generado tensiones entre el poder judicial y el legislativo. El tribunal señala que el legislador excluyó expresamente de la amnistía los delitos de malversación con enriquecimiento personal, siguiendo las directrices de la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional.

Los afectados por esta decisión tienen ahora la opción de acudir en amparo al Tribunal Constitucional, establecido en 1978, alegando vulneración de derechos fundamentales. Este recurso de amparo es un mecanismo legal crucial para la protección de los derechos constitucionales en España.

La decisión del Supremo subraya la complejidad del "procés" catalán, que comenzó formalmente en 2012 y ha sido uno de los mayores desafíos políticos y judiciales en la España democrática. La malversación de fondos públicos, considerada un delito grave en el Código Penal español, puede conllevar penas de hasta 12 años de prisión.

Esta resolución reafirma la independencia judicial, principio constitucional establecido en el artículo 117 de la Constitución española, y destaca el papel del Tribunal Supremo como garante del Estado de Derecho en cuestiones de gran trascendencia política y social.