Supremo ratifica condena a coronel de la Guardia Civil por narcotráfico
El alto mando recibía 120.000 euros por cada descarga de hachís. El caso se remonta a un operativo frustrado en 2006 en las playas de Motril, Granada.
En un caso que ha sacudido los cimientos de la Guardia Civil, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un coronel por su colaboración con narcotraficantes. Este suceso, que se remonta a 2006, ha puesto de manifiesto la persistencia del problema del narcotráfico en la costa sur de España y la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad.
La Guardia Civil, fundada en 1844, es el cuerpo de seguridad pública más antiguo de España y cuenta con más de 75,000 efectivos. Su lema, "El honor es mi divisa", contrasta fuertemente con las acciones del coronel condenado, quien recibía 120.000 euros por cada descarga de hachís que facilitaba.
El caso se centra en un operativo frustrado en las playas de Motril, Granada, hace 18 años. Los agentes recibieron información sobre un alijo de hachís que se realizaría en tres fases. Sin embargo, el superior al mando impidió la intervención en las dos primeras etapas, alegando que mantendrían la droga bajo vigilancia mediante una "cámara oculta".
Esta decisión levantó sospechas entre los guardias civiles participantes, quienes no daban crédito a las órdenes recibidas. El incidente subraya la importancia de Motril como puerto estratégico y la persistencia del tráfico de drogas en la región.
Es importante destacar que España es considerada la principal puerta de entrada de hachís en Europa, proveniente principalmente de Marruecos. La Guardia Civil tiene una unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico y es responsable del control de fronteras y aduanas.
La condena de un alto mando es un evento inusual y de gran impacto mediático. Refleja la prioridad que se da a la lucha contra la corrupción interna para mantener la confianza pública en la institución. La Guardia Civil, que depende del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, se enfrenta al desafío constante de combatir la colaboración entre narcotraficantes y funcionarios corruptos.
Este caso pone de relieve la importancia de la integridad en los cuerpos de seguridad y la necesidad de una vigilancia constante para prevenir la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado.
