Juzgado admite denuncia contra Junta de Andalucía por contratos sanitarios

El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite una denuncia presentada por el PSOE-A contra el Gobierno de la Junta de Andalucía. La acusación, que data del 20 de junio de 2024, alega "presunta malversación y prevaricación" en la adjudicación de contratos sanitarios por un valor aproximado de 300 millones de euros.

Juan Espadas, secretario general del PSOE-A, ha expresado su satisfacción por la admisión de la denuncia. Según Espadas, estos contratos se realizaron mediante un procedimiento de emergencia que se siguió utilizando hasta 2023, "dos años después de su derogación legal". Este método, establecido durante la pandemia de COVID-19, permitía adjudicaciones sin publicidad ni concurrencia.

La investigación se centrará en los contratos realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2021 y 2023. El SAS, creado en 1986, es responsable de la gestión sanitaria en Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España. La denuncia sostiene que se utilizó un procedimiento excepcional basado en una normativa ya derogada.

Espadas ha criticado duramente la gestión del gobierno de Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía desde 2019. El líder socialista afirma que estos contratos han desviado recursos públicos hacia la sanidad privada, mientras las listas de espera y el deterioro de la sanidad pública han aumentado.

Es importante destacar que la sanidad es una competencia transferida a las comunidades autónomas en España. La Consejería de Salud, uno de los departamentos del gobierno andaluz, está en el centro de esta controversia. El procedimiento de emergencia, que permite la contratación directa sin licitación pública, fue una medida excepcional durante la pandemia de COVID-19, que comenzó en España en marzo de 2020.

La admisión a trámite de esta denuncia implica la apertura de diligencias judiciales. Este proceso podría llevar a la imputación de cargos públicos si se encuentran evidencias de delitos. La malversación y la prevaricación son delitos tipificados en el Código Penal español, y la investigación buscará determinar si hubo irregularidades en la contratación pública.

Espadas ha señalado que, tras intentar obtener explicaciones e información por vía parlamentaria sin éxito, el PSOE-A se ha visto obligado a recurrir a los tribunales. El control parlamentario es una función clave de los parlamentos autonómicos, pero en este caso, según los socialistas, no ha sido suficiente para esclarecer la situación.

La transparencia en la contratación pública es un principio fundamental en la administración española. La Ley de Contratos del Sector Público regula estos procesos, y cualquier desviación de los procedimientos establecidos puede ser objeto de escrutinio legal.

Esta situación se desarrolla en un contexto de debate sobre la eficiencia del sistema sanitario público y la práctica de derivar pacientes a la sanidad privada, una cuestión controvertida en España. El caso pone de relieve la importancia del control judicial y parlamentario en la gestión de los recursos públicos, especialmente en situaciones de emergencia como la vivida durante la pandemia.

"A partir de ahora lo que intentamos que fuesen explicaciones e información en vía parlamentaria no nos ha quedado otra que trasladarlo a los tribunales de justicia y esperamos efectivamente que se depuren responsabilidades penales en su caso"

La investigación judicial que se inicia ahora buscará arrojar luz sobre estos contratos y determinar si hubo irregularidades en su adjudicación. El resultado de este proceso podría tener importantes implicaciones para la gestión sanitaria en Andalucía y para el futuro político de los implicados.