CNE de Colombia investiga campaña de Petro por presuntas irregularidades

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha decidido iniciar una investigación sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, según anunció el presidente del organismo, César Lorduy. Esta decisión, tomada el 8 de octubre de 2024, marca un hito significativo en la historia política del país, considerando que Petro es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.

La investigación se centra en presuntas irregularidades financieras, incluyendo la posible superación de los límites de gasto establecidos y el uso de fuentes de financiación prohibidas. El CNE, creado por la Constitución de 1991, tiene la facultad de investigar y sancionar este tipo de irregularidades en las campañas políticas.

Entre los implicados se encuentran Gustavo Petro como candidato, Ricardo Roa como gerente de campaña, y otros miembros del equipo. La investigación abarca tanto la primera como la segunda vuelta electoral, celebradas el 29 de mayo y el 19 de junio de 2022, respectivamente. El sistema electoral colombiano, que incluye dos vueltas para la elección presidencial, está diseñado para garantizar una mayor representatividad.

Según el CNE, la campaña de Petro habría excedido el límite de gastos en la primera vuelta por 3.709.361.342 pesos colombianos (aproximadamente 878.000 dólares). En la segunda vuelta, la presunta violación ascendería a 1.646.386.773 pesos (unos 389.541 dólares). Es importante destacar que la campaña presidencial en Colombia tiene límites de gasto establecidos por ley para garantizar la equidad en el proceso electoral.

La investigación también señala que la campaña no habría declarado aportes de organizaciones como la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el sindicato de maestros más grande de Colombia, y la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato más antiguo del sector petrolero en el país. Además, se menciona al partido Polo Democrático Alternativo, fundado en 2005, como una de las fuentes de financiación no declaradas.

Gustavo Petro ha reaccionado a esta decisión calificándola como el inicio de un "golpe de Estado". Esta declaración se basa en su argumento de que el CNE no tiene jurisdicción para investigar al presidente en ejercicio, cuyo juez natural es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, según la Constitución colombiana.

La investigación también implica al Movimiento Político Colombia Humana, fundado por Petro en 2011, y a la Unión Patriótica, un partido histórico de izquierda fundado en 1985. Ambas organizaciones son acusadas de permitir la financiación de la campaña con fuentes prohibidas, incluyendo personas jurídicas como sindicatos y empresas privadas.

Este caso pone de relieve la complejidad del sistema político colombiano, una república presidencialista donde el mandato presidencial es de 4 años sin posibilidad de reelección inmediata. También subraya la importancia de la transparencia en la financiación de campañas, un tema crucial para la democracia colombiana.

La decisión del CNE ha generado un intenso debate en Colombia, el tercer país más poblado de América Latina. Mientras algunos ven esta investigación como un paso necesario para garantizar la integridad electoral, otros, como Petro, la consideran una maniobra política. El desarrollo de este caso será crucial para el futuro político del país y podría tener implicaciones significativas para la administración actual.

"Ha comenzado el golpe de Estado"

Esta situación pone de manifiesto la importancia de instituciones como la Misión de Observación Electoral (MOE), que supervisa los procesos electorales en Colombia, y la Registraduría Nacional del Estado Civil, encargada de organizar las elecciones. Su papel será fundamental para garantizar la transparencia y legalidad de futuros procesos electorales en el país.