En un incidente que ha sacudido el centro de primera acogida para menores extranjeros no acompañados en la Casa de Campo de Madrid, ocho jóvenes fueron detenidos el 18 de septiembre de 2024 tras una violenta revuelta. Este suceso ha puesto de manifiesto los desafíos que enfrenta la gestión de estos centros y la integración de menores en situación vulnerable.
La Casa de Campo, el mayor parque público de Madrid con 1.722,6 hectáreas, alberga el centro gestionado por la Fundación Antonio Moreno para la Comunidad de Madrid. El detonante de la revuelta fue el descubrimiento de objetos robados en una de las habitaciones, incluyendo relojes, tablets y teléfonos móviles. Estos artículos pertenecían a propietarios de autocaravanas estacionadas en la zona, quienes habían denunciado los robos previamente.
Tras la detención de un menor implicado en estos hurtos, la situación se deterioró rápidamente. Otros residentes comenzaron a amenazar de muerte a la directora y subdirectora del centro, acusándolas de delatar sus actividades ilícitas. La tensión escaló hasta el punto de requerir la intervención de la Policía Nacional para contener los disturbios.
Es importante destacar que varios de los detenidos son adolescentes magrebíes que ingresaron a España por Canarias durante el verano de 2024 y fueron trasladados a Madrid a finales de agosto. Este hecho subraya la complejidad del fenómeno migratorio y los desafíos que enfrentan las autoridades para gestionar la llegada de menores no acompañados.
La legislación española establece que estos menores deben ser tutelados por las administraciones, prohibiendo su expulsión. Sin embargo, su integración y atención adecuada siguen siendo temas de debate. La Comunidad de Madrid, que tiene competencias en protección de menores, prometió hace dos años cerrar este centro, pero ha pospuesto esta decisión por falta de alternativas viables.
Recientemente, se ha abierto un nuevo centro en Fuenlabrada con mayor capacidad, lo que podría aliviar la presión sobre las instalaciones de Casa de Campo. No obstante, los problemas persisten, como lo demuestra el despido reciente de dos trabajadores del centro.
La situación en el centro de Casa de Campo refleja un problema social más amplio que requiere una intervención multidisciplinar. La delincuencia juvenil, especialmente entre menores en situación de vulnerabilidad, necesita un enfoque que equilibre la protección de los derechos del menor con la seguridad de la comunidad.
El Defensor del Pueblo, institución encargada de proteger los derechos fundamentales, podría desempeñar un papel crucial en la búsqueda de soluciones a largo plazo para esta compleja situación.
"En las siguientes horas todos los detenidos fueron puestos nuevamente a disposición del centro al no haberse dictado medidas cautelares contra ninguno de ellos"
Este incidente subraya la necesidad urgente de reevaluar las políticas y prácticas actuales en la gestión de centros para menores no acompañados, buscando un equilibrio entre la protección de los jóvenes y la seguridad de la comunidad.