El Tribunal Constitucional español se encuentra en una situación crítica debido a una avalancha de recusaciones de magistrados relacionadas con la Ley de Amnistía. Esta situación amenaza con paralizar el funcionamiento del máximo intérprete de la Constitución española, establecido en 1978.
El próximo martes, 8 de octubre de 2024, el Pleno del Tribunal abordará la recusación presentada por el Partido Popular contra el presidente Cándido Conde-Pumpido. Esta decisión podría alterar significativamente el equilibrio actual entre los bloques progresista y conservador, que actualmente se sitúa en 6 a 5 a favor de los primeros.
El debate sobre cómo proceder con las recusaciones ha generado posturas encontradas. Los conservadores proponen excluir a todos los magistrados recusados de las deliberaciones, lo que resultaría en un empate de 4 a 4. Por otro lado, los progresistas sugieren que solo el magistrado recusado se abstenga de votar en su propio caso, pero participe en las decisiones sobre sus colegas.
Es importante destacar que el Tribunal Constitucional está compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey, con mandatos de 9 años. Sus decisiones no son apelables y tienen efectos erga omnes, es decir, son aplicables a todos. Además, el Tribunal tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad de leyes y resolver conflictos de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
La complejidad de la situación se ve agravada por las múltiples solicitudes de recusación presentadas por diferentes partes. La Abogacía del Estado, la Fiscalía y el expresidente catalán Carles Puigdemont han solicitado apartar al magistrado Jose María Macías, mientras que el PP y varias comunidades autónomas han pedido recusar a Conde-Pumpido y a la magistrada Laura Díez.
Cabe mencionar que el Tribunal ya ha aceptado la abstención del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en todos los asuntos relacionados con la amnistía. Esta decisión se debe a que Campo, durante su mandato como ministro, firmó los expedientes de indultos a líderes independentistas, calificando una futura amnistía como inconstitucional.
La resolución de estas recusaciones podría tener un impacto significativo en el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Las decisiones del Tribunal requieren mayoría simple en la mayoría de los casos, pero existen situaciones que demandan una mayoría cualificada. Además, los magistrados gozan de inmunidad durante su mandato y no pueden ser reelegidos inmediatamente después de completarlo.
En este contexto de incertidumbre, el voto de calidad de la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, podría ser decisivo en caso de empate. Esta situación subraya la importancia del Tribunal Constitucional como garante de la Constitución y su papel fundamental en el sistema jurídico español.