En un giro político controvertido, el Partido Popular (PP) está intentando detener un acuerdo entre el gobierno español y EH Bildu que podría reducir las penas de prisión para ex miembros de ETA. Esta medida, que ha surgido tras años de presión política por parte de grupos nacionalistas vascos, ha reavivado el debate sobre justicia, reconciliación y política en el País Vasco.
La reforma propuesta permitiría que los años de condena cumplidos en Francia se descuenten de las sentencias totales de los ex miembros de ETA encarcelados. Esta medida afectaría principalmente a algunos de los miembros más notorios de la organización terrorista, que operó desde 1959 hasta su disolución en 2018, siendo responsable de más de 800 muertes durante su existencia.
Arnaldo Otegi, coordinador general de EH Bildu, ha sido un defensor clave de esta iniciativa, cumpliendo su promesa de facilitar el retorno de los presos de ETA a sus hogares. La coalición política EH Bildu, fundada en 2012, ha utilizado su influencia política para presionar por cambios en las políticas penitenciarias.
El PP ha calificado este pacto como un "error generalizado", argumentando que socava la justicia para las víctimas del terrorismo. Esta oposición refleja la continua sensibilidad en torno al legado de ETA y el debate sobre cómo abordar su historia en la sociedad española contemporánea.
Es importante contextualizar que la política de dispersión de presos de ETA, iniciada en 1989, ha sido un tema de controversia durante décadas. El acercamiento de estos presos al País Vasco ha sido una demanda constante de grupos nacionalistas, simbolizada por el lema "etxera" (a casa) en manifestaciones.
La colaboración judicial entre España y Francia en casos relacionados con ETA se intensificó en los años 2000, lo que hace que esta reforma tenga implicaciones transfronterizas. Además, el debate sobre la memoria histórica y las víctimas del terrorismo sigue siendo un tema candente en la política española.
Este acuerdo también implica la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como "Ley Mordaza", aprobada en 2015. Esta concesión por parte del gobierno de Pedro Sánchez parece ser parte de una estrategia para consolidar el apoyo parlamentario necesario para su investidura.
El País Vasco, que goza de un estatus de comunidad autónoma desde 1979 bajo la Constitución Española de 1978, se encuentra en el centro de este debate político. La discusión sobre la reinserción de ex miembros de ETA y el equilibrio entre justicia y reconciliación continúa dividiendo a la sociedad española.
Las Cortes Generales, el parlamento bicameral de España, tendrán la última palabra sobre esta reforma. Su decisión no solo afectará a los individuos directamente implicados, sino que también tendrá un impacto significativo en el panorama político español y en las relaciones entre el gobierno central y las regiones autónomas.
Este desarrollo político subraya la complejidad continua de abordar el legado de ETA en España, seis años después de su disolución definitiva. El debate sobre cómo equilibrar la justicia, la reconciliación y la estabilidad política sigue siendo un desafío crucial para la sociedad española en su conjunto.