Un colectivo nuevo-independiente de abogados estatales ha emergido en el panorama jurídico español (con un enfoque hacia la libertad de pensamiento y expresión)
La Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho — organización que busca ser un espacio de diálogo abierto para profesionales del sector — destaca por su compromiso con valores tradicionales y principios fundamentales
El primer pronunciamiento oficial del grupo se centra en el caso de Álvaro García Ortiz: la asociación señala que la defensa proporcionada por servicios jurídicos estatales no cumple requisitos básicos; esto genera dudas sobre la legitimidad del proceso
Durante los últimos meses la Abogacía del Estado ha participado en acciones controvertidas:
- La querella contra un magistrado que investiga casos de corrupción
- El cuestionamiento de criterios del Tribunal Supremo
- La recusación anticipada de un magistrado del Constitucional
La carta enviada por la Junta de Dirección enfatiza que su interés principal no es el grupo profesional sino la institución histórica — cuya misión es proteger el Estado de Derecho y limitar el poder en beneficio ciudadano