El Gobierno español ha convocado oficialmente una Comisión Bilateral de Cooperación con la Generalitat Valenciana para abordar la controvertida Ley de Libertad Educativa. Esta medida, anunciada por la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, es el paso previo a un posible recurso de inconstitucionalidad.
La ley en cuestión, aprobada por el Partido Popular (PP) y Vox en la Comunidad Valenciana, ha generado polémica por eliminar la inmersión en valenciano en todas las etapas educativas y permitir la enseñanza exclusivamente en castellano en ciertas comarcas. El Gobierno central considera que algunos aspectos de esta normativa podrían ser inconstitucionales.
La Comisión Bilateral tiene como objetivo principal iniciar negociaciones para resolver las discrepancias entre ambas administraciones. Se centra en dos puntos clave de la ley: el artículo 14 y las disposiciones adicionales primera y cuarta.
El artículo 14 establece la posibilidad de exención de la evaluación y calificación del valenciano sin límite temporal en zonas de predominio lingüístico castellano. Esta medida se basa en una ley de 1983 que delimita estas áreas. Para las zonas valencianohablantes, la exención se limita a tres cursos escolares consecutivos.
Las disposiciones adicionales cuestionadas regulan la educación plurilingüe en Formación Profesional, Formación de Personas Adultas y enseñanzas de régimen especial, así como situaciones excepcionales relativas al requisito lingüístico del profesorado.
El Gobierno central argumenta que estas medidas podrían suponer una "persecución" del valenciano, una postura compartida por Compromís, coalición que también ha solicitado llevar la ley al Tribunal Constitucional.
"El PP promueve la persecución del valenciano con esta norma."
La Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha calificado la Comisión Bilateral como un "espacio de diálogo" que busca evitar un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, si no se llega a un acuerdo, la decisión final recaerá en el Tribunal Constitucional.
Esta situación refleja la complejidad del sistema educativo en comunidades bilingües como Valencia, donde el equilibrio entre la promoción del idioma regional y el respeto a los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos es un tema de constante debate y ajuste político.