Un reciente estudio realizado por la fundación Educo y la Universidad de Comillas ha arrojado luz sobre el impacto económico de la violencia sexual infantil en España. Según el informe titulado "¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia", este problema social tiene un coste estimado de 4.453.873.167 euros, lo que representa el 0,31% del Producto Interior Bruto (PIB) del país.
Esta investigación, la segunda de su tipo en seis años, se basa en los 9.185 casos denunciados y detectados que el Ministerio del Interior registró en 2023. Sin embargo, los expertos advierten que esta cifra es solo "la punta del iceberg". Se estima que el número real de casos podría ascender a 77.407 en el último año, lo que significa que aproximadamente uno de cada seis niños en España habría sufrido alguna forma de violencia sexual.
El desglose de los costes revela que el sector sanitario lleva la mayor carga económica, con 808.298.158 euros, representando el 63% del total. Le siguen los servicios sociales con 311.920.798 euros, los costes judiciales con 92.379.505 euros y los educativos con 63.071.625 euros.
Es importante destacar que en 2021, España aprobó la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, un paso significativo en la lucha contra este problema. Además, el país ha implementado diversas medidas y estrategias para combatir la violencia sexual infantil, como la creación del Coordinador de Bienestar y Protección en los centros educativos en 2020.
Macarena Céspedes, directora de Incidencia, Movilización e Investigación Social en Educo, subraya la gravedad de la situación, señalando que los casos denunciados son solo una fracción del problema real. Esta afirmación se alinea con estudios internacionales que sugieren que solo entre el 10% y el 20% de los casos de abuso sexual infantil se denuncian.
La magnitud del problema se refleja en estadísticas globales alarmantes. Según UNICEF, 1 de cada 5 niños en el mundo sufre abuso sexual antes de los 18 años. En Europa, el Consejo de Europa estima una proporción similar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que hasta el 20% de las mujeres y el 8% de los hombres informan haber sufrido abusos sexuales en la infancia.
España ha tomado medidas significativas para abordar este problema. En 2010, ratificó el Convenio de Lanzarote, el primer tratado internacional para combatir la explotación y el abuso sexual de menores. Además, el país se unió a la Alianza Global WeProtect en 2019 para luchar contra la explotación sexual infantil online.
Es crucial recordar que la prevención y la sensibilización son fundamentales. El 18 de noviembre se celebra el Día Europeo para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, una fecha que sirve para concienciar sobre esta problemática. Además, iniciativas como la campaña "Cuéntalo", lanzada en España en 2022, buscan romper el silencio en torno al abuso sexual infantil.
El estudio subraya la necesidad urgente de invertir en prevención y atención a las víctimas. La reciente aprobación de la Estrategia Nacional de Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia 2023-2030 es un paso en la dirección correcta, pero se requiere un esfuerzo continuo y coordinado de toda la sociedad para abordar este grave problema y reducir su impacto económico y, sobre todo, humano.