Administrador condenado por fraude de 300.000 euros en ayudas públicas

Un tribunal en Sevilla ha dictado sentencia contra el administrador de un concesionario de automóviles por un caso de fraude relacionado con ayudas públicas. El acusado ha sido condenado a dos años y seis meses de prisión por los delitos de prevaricación y malversación, tras haber obtenido de manera fraudulenta una ayuda de 300.000 euros de la Junta de Andalucía.

La empresa involucrada, Tartessos Car S.L., se dedicaba a la venta de vehículos a motor ligeros. Esta compañía, constituida el 9 de febrero de 1990 en el Registro Mercantil de Huelva, enfrentaba graves problemas financieros en 2007, con una deuda de siete millones de euros debido a la disminución de las ventas.

El tribunal ha determinado que el director general de la empresa, al enterarse de la disponibilidad de ayudas económicas para empresas en crisis, contactó en noviembre de 2008 con Juan Márquez, entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta. Mediante conversaciones, logró convencerlo para que le concediera una subvención sociolaboral excepcional de 300.000 euros, supuestamente para beneficiar a 62 trabajadores.

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha criticado duramente el proceso de concesión de esta ayuda, calificándolo como "un trastorno completo del orden jurídico" y "una alcaldada, indigna de una Administración de la importancia y entidad de la Junta de Andalucía". Los magistrados señalan que este caso ha causado un daño que "excede de la propia acción por cuanto contribuye a un deterioro profundo de la confianza pública en la probidad de las instituciones y en la misma realidad del Estado de Derecho".

El tribunal ha constatado que la ayuda se otorgó sin seguir ningún procedimiento administrativo adecuado, sin solicitud escrita, sin cumplir la normativa sobre subvenciones y sin implementar una comisión de seguimiento. Además, no se comprobó el destino de los fondos ni se justificó su aplicación al pago de nóminas.

A pesar de recibir la ayuda, Tartessos Car S.L. solicitó la suspensión de contratos con sus trabajadores en febrero de 2009, entró en concurso en 2010 y quedó disuelta en junio de 2012. La Junta de Andalucía inició un procedimiento de revisión de oficio, declarando la nulidad de la ayuda en febrero de 2014 y ordenando su devolución, lo cual no se ha producido hasta la fecha.

Los magistrados han sido contundentes en su valoración: "Es transparente que no hubo procedimiento ni seguimiento de trámites alguno, algo impensable para cualquiera en una concesión de subvenciones o de cualquier ayuda económica pública". Han calificado la concesión de la ayuda como hecha "por las bravas sin la menor lacha".

Como consecuencia de esta sentencia, la empresa deberá resarcir a la Junta de Andalucía con un total de 561.156,73 euros, que incluye los 300.000 euros recibidos más los intereses de demora.

Este caso forma parte de una de las piezas separadas de la macrocausa de los ERE, un escándalo de corrupción política descubierto en 2011 que ha sacudido a la administración andaluza. La sentencia subraya la importancia de mantener la integridad en la gestión de fondos públicos y el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos para preservar la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho.

"No se trata de que el sistema de concesión de ayudas en la Junta estuviera o no viciado, que es lo que ha sido la labor del procedimiento específico y objeto de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Se trata de que la concreta ayuda a que se ciñe el caso examinado era ilícita, no porque incumpliera una u otra normativa, que también; sino porque no se sujetó a normativa alguna, otorgándose el dinero e modo de dádiva sin procedimiento alguno sin el cual la Administración, sencillamente, no puede actuar".

Este caso pone de manifiesto la necesidad de una mayor vigilancia y control en la concesión de ayudas públicas, así como la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública para prevenir casos similares de fraude y corrupción.