Un reciente estudio realizado por la fundación Educo y la Universidad de Comillas ha arrojado luz sobre el impacto económico de la violencia sexual infantil en España. Según el informe titulado "¿Cuánto cuesta mirar hacia otro lado? Los costes de la violencia sexual contra la infancia y adolescencia", este problema social supone un coste de 4.453.873.167 euros, lo que representa el 0,31% del Producto Interior Bruto (PIB) del país.
Esta investigación, la segunda de su tipo en seis años, se basa en los 9.185 casos denunciados y detectados que el Ministerio del Interior registró en 2023. Sin embargo, los expertos advierten que esta cifra es solo "la punta del iceberg". Se estima que el número real de casos podría ascender a 77.407 al año, lo que significa que uno de cada seis niños en España podría haber sufrido alguna forma de violencia sexual.
El desglose de los costes revela que el sector sanitario lleva la mayor carga económica, con 808.298.158 euros, representando el 63% del total. Le siguen los servicios sociales con 311.920.798 euros, los costes judiciales con 92.379.505 euros y los educativos con 63.071.625 euros.
Es importante destacar que en 2021, España dio un paso significativo al aprobar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Esta ley se suma a otras medidas como el Convenio de Lanzarote, ratificado por España en 2010, que fue el primer tratado internacional para combatir la explotación y el abuso sexual de menores.
Macarena Céspedes, directora de Incidencia, Movilización e Investigación Social en Educo, subraya la gravedad de la situación al afirmar que los casos denunciados son solo una fracción del problema real. Esta realidad se alinea con las estimaciones de UNICEF, que indican que 1 de cada 5 niños en el mundo sufre abuso sexual antes de los 18 años.
En el contexto europeo, el Consejo de Europa estima que 1 de cada 5 niños en Europa es víctima de alguna forma de violencia sexual. Para abordar esta problemática, España ha implementado diversas iniciativas, como la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales en 2019 y el lanzamiento de la campaña "Cuéntalo" en 2021 para animar a las víctimas a denunciar.
Es crucial mencionar que la edad de consentimiento sexual en España es de 16 años desde 2015, y que la prescripción de los delitos sexuales contra menores comienza a contar desde que la víctima cumple 35 años. Estas medidas legales se complementan con esfuerzos internacionales como la Agenda 2030 de la ONU, que incluye la meta 16.2 para poner fin al maltrato, la explotación y la violencia contra los niños.
El estudio subraya la necesidad urgente de invertir en prevención y atención integral a las víctimas. La implementación del modelo Barnahus en algunas comunidades autónomas españolas es un ejemplo de buenas prácticas en la atención a niños víctimas de abuso sexual.
En conclusión, este informe no solo cuantifica el coste económico del abuso sexual infantil en España, sino que también pone de manifiesto la magnitud de un problema social que requiere una respuesta inmediata y coordinada de todos los sectores de la sociedad.