En España, la complejidad del sistema tributario local se hace evidente en un reciente análisis del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF). Este estudio revela una sorprendente disparidad en la carga fiscal entre las capitales de provincia españolas, alcanzando una diferencia de hasta 566 euros por habitante.
Madrid se posiciona como la ciudad con mayor presión fiscal, donde los residentes pagan 1.001 euros en impuestos locales. En contraste, Pamplona emerge como la más económica, con una carga de solo 435 euros por habitante. Esta variación significativa subraya la importancia de una revisión integral del sistema tributario municipal.
El ranking de presión fiscal continúa con Barcelona (978 euros), Tarragona (917 euros) y Girona (901 euros). En el extremo opuesto, Jaén (492 euros), Badajoz (508 euros) y Cáceres (522 euros) se sitúan entre las ciudades con menor carga impositiva.
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se destaca como la principal fuente de ingresos municipales, representando el 66% de la recaudación. Le siguen el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) con un 11% y el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) con un 8%.
El REAF propone una serie de reformas para abordar las desigualdades y mejorar la eficiencia del sistema. Entre ellas, se sugiere revisar la tributación sobre la riqueza, ajustar el umbral de exención del IAE y modificar el cálculo del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para reducir la litigiosidad.
Además, se recomienda la creación de Tribunales Económico-Administrativos provinciales para facilitar las reclamaciones de los contribuyentes en todos los municipios. Esta medida busca garantizar un acceso equitativo a la justicia fiscal, independientemente del tamaño del municipio.
El estudio también señala la necesidad de armonizar las tasas locales y revisar el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente conocido como "plusvalía municipal".
Los expertos del REAF concluyen que es urgente y obligatoria una reforma integral del sistema de financiación local, que debe realizarse de manera simultánea con la reforma del sistema de financiación autonómica. Esta acción coordinada es crucial para abordar las complejidades y desigualdades actuales en la fiscalidad municipal española.